«Ahora mismo el consumo está triste, la gente está triste», ha señalado durante la entrevista, en la que también ha explicado que el perfil de los pasajeros ha cambiado y que han sustituido, en sus palabras, «turistas por periodistas».

Barranco también ha cuestionado la gestión de la crisis y ha afirmado que «aquí ha fallado algo», llegando a hablar de una posible «dejación de funciones como mínimo».

El consejero delegado de Hélity ha cerrado pidiendo que Ceuta siga presente en la agenda informativa: «Que la noticia no pase de largo. Esto no está superado».

Para que ambos decretos salgan adelante se necesitan los votos a favor de todos los socios de Gobierno. El Gobierno da por hecho que los 2 decretos saldrán adelante. Lo afirmaban en pasillos los ministros de Sumar, Pablo Bustunduy y Mónica García. Sin embargo, son los socios quienes tienen la última palabra, y no lo tienen claro. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián aseguraba que van a revisar hasta la última coma del texto.

PNV y Junt tendrían que votar a favor y podemos abstenerse. Tras conocerse los decretos, los morados no se veian convencidos. La propia Ione Belarra acusaba al Gobierno en el Congreso de hacer trampa troceando el decreto Maricarmen para lavarle la cara al ejecutivo y frenar la movilización social.

Quienes si lo tienen claro son PP y Vox. Feijóo anunciaba en los pasillos del Congreso que nunca apoyará una “trampa de este tipo”. Se refiere Feijóo a que el primer decreto modifica las reglas del alquiler, incluida la prórroga extraordinaria de 2 años y que el segundo decreto vuelve a modificar esos mismos artículos para introducir el régimen de renovación automática.

El debate entorno a la vivienda se ha trasladado de los pasillos a la sesión de control.

Una sesión en la que no ha estado presente el presidente del Gobierno alegando que tenia que prepara un encuentro que tenia con Enmanuel Macron tres horas después.

En El Faro, la empresaria Carmina Gálvez ha relatado cómo esta situación ha afectado directamente a su negocio y al día a día de muchos vecinos.

La reducción de clientes y la pérdida de normalidad han puesto a numerosos establecimientos bajo presión, mientras comerciantes y empresarios reclaman estabilidad para poder recuperar la actividad.

Más allá del impacto económico, Gálvez describe una ciudad condicionada por la incertidumbre y reconoce el impacto personal que supone ver alterada la vida de Ceuta durante tantas semanas.

Su testimonio refleja la preocupación de un tejido empresarial que intenta resistir mientras espera recuperar seguridad, confianza y normalidad.

El Faro La 8 ha puesto el foco en una realidad visible en el antiguo circuito de Fórmula 1 de Valencia, donde varias personas viven actualmente en estructuras improvisadas, entre lonas, palés y construcciones precarias.

El programa “El Faro” entra en la zona y muestra de cerca cómo es el asentamiento, recorriendo algunos de sus espacios y hablando con personas que viven allí. Las imágenes reflejan las condiciones en las que se encuentran estas instalaciones y permiten conocer una realidad situada en uno de los espacios más reconocibles de la ciudad.

Tras el reportaje, Luis Motes ha abordado el asunto desde otra perspectiva con Fernando Cos-Gayón, director de la Cátedra Vivienda UPV, que analiza la situación de la vivienda y las dificultades existentes para acceder a ella.

De esta forma, el programa une la imagen de una realidad concreta con el análisis del problema de la vivienda: primero, mostrando el asentamiento del antiguo circuito; después, tratando de entender las dificultades que rodean actualmente el acceso a una vivienda.

Durante la entrevista, Alisalem expone su interpretación sobre la estrategia de Rabat y sostiene que las dos ciudades autónomas ocupan un lugar relevante dentro de los objetivos políticos de Marruecos respecto a España.

El entrevistado también pone el foco en la presión migratoria y en el papel que, según su análisis, puede desempeñar la frontera de Ceuta dentro de las relaciones entre ambos países.

Alisalem relaciona así en El Faro La 8 tres cuestiones que considera conectadas: Marruecos, Ceuta y Melilla y los movimientos migratorios, y explica su visión sobre la estrategia que atribuye a Rabat frente a España.

La periodista se ha referido a la situación de José Luis Rodríguez Zapatero y ha asegurado: “Yo creo que José Luis Rodríguez Zapatero va a acabar en prisión”.

Garat sostiene que el principal foco no estaría en las joyas localizadas en el despacho del expresidente, sino en asuntos de mayor alcance que relaciona con negocios internacionales vinculados al petróleo y al oro:

“Las joyas son una forma de pago, no es un regalo. Las joyas son un pago en especie”. Sus declaraciones llegan precisamente el mismo día en que Zapatero ha comunicado al juez José Luis Calama que las piezas de mayor valor halladas en su despacho proceden de un regalo realizado por el rey de Arabia Saudí en 2007, cuando era presidente del Gobierno. El expresidente ha solicitado cooperación de las autoridades saudíes para acreditar su versión.

Durante la entrevista, Garat insiste en que las joyas serían, según su tesis, únicamente “la parte folclórica” de una investigación más amplia y afirma que el escenario del expresidente es “muy complicado”. Sus afirmaciones constituyen la valoración y las investigaciones periodísticas expuestas por Garat y no conclusiones judiciales.

La periodista aborda también otros asuntos de máxima actualidad, desde José Luis Ábalos y Koldo García hasta Pedro Sánchez, Pegasus, Marruecos y la situación de Ceuta, dejando numerosos titulares a lo largo de la conversación.

Han pasado ya cincuenta días desde la invación de Ceuta, más de mes y medio en el que el discurso oficial del Gobierno había defendido sin fisuras la actuación de Marruecos durante la crisis. Ha sido el propio presidente, durante su viaje para participar en la asamblea de la ONU el que ha dado un giro a ese argumento. En una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN, por primera vez Sánchez reconoce que el control fronterizo falló el pasado 30 de julio, y apuntaba además que se han pedido “explicaciones” al Gobierno marroquí.

Aparca finalmente el presidente del Gobierno la estrategia diplomática seguida hasta ahora y reconoce fallos en la seguridad del país vecino. Han tenido que pasar 50 días desde la invasión para pasar de la defensa de la estrategia inteligente de Rabat hasta este reconocimiento de falta de efectividad del dispositivo marroquí. Reacciones hoy en el congreso. Desde el partido socialista, como era de esperar, tratan de rebajar la importancia de las palabras de Sánchez. Afirma Patxi López que no ha ahbído ningún cambio de postura.

No son tan comprensivos algunos socios de Gobierno, como Alberto Ibáñez, de Compromís quien recriminaba al Presidente del Gobierno que no dijera lo mismo en el Congreso cuando compareció para dar cuenta de la gestión de la crisis.

Desde el partido popular su portavoz, Borja Sémper calificaba como una mala broma la actitud el presidente del Gobierno.

Lo cierto es que las declaraciones, de Sánchez suponen el primer señalamiento público y directo a la responsabilidad de Marruecos por parte del Gobierno, algo que hasta el momento Moncloa había evitado verbalizar.

El Gobierno cifra actualmente en 2.321 los menores no acompañados identificados en Ceuta, en un momento en el que la capacidad de acogida de la ciudad continúa sometida a una fuerte tensión.

La saturación de los recursos ha dejado a más de 1.000 menores fuera de los centros de protección, según las informaciones publicadas durante los últimos días. Muchos continúan pendientes de una solución administrativa y asistencial después de la entrada masiva registrada a finales de julio.

La situación ha obligado a habilitar recursos provisionales y nuevos espacios de acogida, mientras las administraciones intentan acelerar la identificación y atención de los menores que permanecen en la ciudad.

La crisis se prolonga ya durante semanas y Ceuta continúa reclamando una solución para reducir la presión sobre sus servicios públicos y sus instalaciones de acogida.

En paralelo, el Ministerio del Interior ha iniciado los trámites para reforzar la frontera marítima de El Tarajal con una inversión prevista de nueve millones de euros.

El proyecto contempla la prolongación del espigón fronterizo hasta completar aproximadamente 115 metros adicionales y la instalación de un nuevo sistema de balizamiento que permitirá desplegar una red de contención submarina.

El objetivo es reforzar uno de los puntos más sensibles de la frontera y dificultar las entradas a nado desde territorio marroquí.

La actuación coincide con el refuerzo de la presencia policial ante nuevos llamamientos difundidos en redes sociales para intentar acceder a Ceuta desde Marruecos.

La ciudad afronta así una doble presión: controlar posibles nuevas entradas irregulares y gestionar la situación de miles de migrantes que permanecen en Ceuta, con especial atención a los menores no acompañados.

La situación de estos menores continúa además en el centro del enfrentamiento entre administraciones.

El Gobierno central defiende su traslado progresivo a otras comunidades autónomas, mientras siguen abiertas las discrepancias políticas y jurídicas sobre cómo debe realizarse ese reparto.

Mientras no llegue una solución definitiva, Ceuta mantiene la frontera reforzada, los recursos de acogida bajo presión y a miles de menores pendientes de su futuro.

La ciudad autónoma afronta así una nueva fase de una crisis migratoria que, casi dos meses después de las entradas masivas del verano, continúa sin resolverse.

La red de alcantarillado de Paiporta continúa funcionando en torno al 40% tras los graves daños provocados por la DANA. La reconstrucción completa de la red de saneamiento podría prolongarse hasta 48 meses.

Las actuaciones previstas incluyen trabajos en colectores, pozos de registro, imbornales y acometidas en diferentes puntos del municipio.

La situación de la red de saneamiento de Paiporta vuelve a cobrar especial importancia ante nuevos episodios de lluvias intensas. El municipio, uno de los más afectados por la DANA, afronta todavía varios años de obras para recuperar completamente su alcantarillado.

La reconstrucción de esta infraestructura será, por tanto, uno de los principales retos de Paiporta durante los próximos años.

El magistrado instructor de la causa penal contra la esposa del presidente del Gobierno ha cerrado la fase intermedia y ha abierto el proceso de juicio oral ante jurado popular. Será ahora la Audiencia Madrileña la encargada de fijar la fecha en la que se celebrará el calendario de vistas, algo que se estima, no será antes de finales del próximo año.

Se trata de la segunda ocasión en la el juez cierra su intervención contra las dos imputadas después de que la instancia superior redujera a dos sus cargos  y dejara fuera a Juan Carlos Barrabés. La acusación popular que lidera Hazte Oír solicita penas de 13 años de cárcel para Gómez y 6 años para Álvarez, mientras que las defensas  y la Fiscalía piden su absolución.

Desde el Gobierno, una vez más, han reiterado la inocencia de la mujer del presidente del Gobierno y han condenado la "persecución judicial" de Peinado.

La situación ha cambiado incluso la forma de llevar a los menores a clase. Padres y madres acompañan personalmente a sus hijos hasta las puertas de los colegios y algunas familias han llegado a plantearse si enviarlos o no a las aulas ante la situación que vive la ciudad.

El Gobierno ha desplegado un dispositivo extraordinario para intentar garantizar la normalidad. El Ministerio de Educación confirmó la contratación de seguridad privada para todos los centros y el refuerzo de los itinerarios escolares con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La ministra de Educación, Milagros Tolón, aseguró antes del comienzo de las clases que la vuelta al colegio se desarrollaría en condiciones de seguridad.

El absentismo golpea especialmente a la periferia

Pero las cifras de asistencia muestran una realidad muy diferente en determinados colegios.

CSIF alertó tras el primer día de clase de un elevado absentismo en los centros educativos de la periferia de Ceuta. Su responsable de Educación en la ciudad, Lola Cuadra, denunció además que, aunque colegios e institutos disponían de vigilantes de seguridad, la presencia de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad era insuficiente en muchos puntos.

La preocupación de las familias también se ha trasladado a las calles. La comunidad educativa del CEIP Reina Sofía, situado en la barriada del Príncipe, se concentró esta semana frente al centro para reclamar mayor protección y denunciar problemas de inseguridad e insalubridad en sus accesos.

“¿Cómo llevamos ahora a nuestros hijos al colegio?”

La seguridad, la forma en la que los niños llegan cada mañana a los centros y el número de alumnos que realmente está acudiendo a clase son ahora tres de las cuestiones que más preocupan a la comunidad educativa.

En El Faro de La 8 Mediterráneo, Lola Cuadra analiza la situación que están viviendo profesores, padres y alumnos y explica cómo la crisis de Ceuta está afectando directamente al día a día de los colegios.

Una realidad que deja una imagen difícil de imaginar al comienzo de cualquier otro curso: padres acompañando a sus hijos hasta la puerta, vigilantes en los centros, dispositivos policiales en los trayectos y aulas con numerosos pupitres vacíos.

Ceuta intenta recuperar la normalidad. Pero, por el momento, conseguir que todos los niños vuelvan al colegio con tranquilidad se ha convertido en uno de los grandes retos de la ciudad.

El representante sindical dibuja un escenario marcado por la presión sobre los agentes, la falta de efectivos y unas condiciones que, según denuncia, están muy lejos de ser las adecuadas.

“No es suficiente”

Uno de los principales mensajes trasladados por la CEP es claro: el actual dispositivo policial no basta.

Gutiérrez reclama más efectivos y más medios para afrontar una situación que obliga a los agentes a trabajar bajo una elevada exigencia operativa.

La organización policial considera que reforzar el despliegue resulta imprescindible para garantizar tanto la seguridad como unas condiciones de trabajo adecuadas para los propios policías.

Los colchones, símbolo de la denuncia

Pero hay una imagen que resume especialmente bien el malestar.

Los colchones utilizados por algunos de los agentes desplazados se han convertido en el símbolo de las condiciones que denuncia la CEP.

Tras jornadas de servicio especialmente exigentes, el sindicato reclama que los policías puedan disponer de unas instalaciones y unas condiciones de descanso dignas.

La denuncia va así más allá de la falta de efectivos: la CEP exige también mejores medios, mejores alojamientos y una respuesta inmediata a las necesidades de los agentes.

Una situación “peor que nunca”

El mensaje de David Gutiérrez en El Faro de La 8 Mediterráneo deja pocas dudas sobre la gravedad con la que el sindicato analiza el momento actual.

Más policías, más medios y unas condiciones dignas para quienes permanecen desplegados en Ceuta.

Una reclamación que la CEP vuelve a poner sobre la mesa ante una situación que, en palabras de su portavoz, atraviesa uno de sus peores momentos.

Según ha explicado José Enrique Roviralta, presidente del Colegio de Médicos de Ceuta, cinco inmigrantes han tenido que ser atendidos en Urgencias en las últimas horas.

Roviralta ha abordado la situación durante su intervención en El Faro, donde ha explicado el escenario al que se enfrentan actualmente los servicios sanitarios de la ciudad autónoma. Los nuevos casos han obligado a extremar la vigilancia ante una enfermedad altamente contagiosa, especialmente en espacios en los que existe una elevada convivencia entre personas.

José Enrique Roviralta ha analizado en el programa de esta casa el alcance de esta situación y sus posibles consecuencias para el sistema sanitario de Ceuta.

El Ayuntamiento de Torrent va a abrir una investigación para esclarecer el posible uso indebido de una tarjeta municipal de estacionamiento que, según las comprobaciones iniciales realizadas por el consistorio, estaría caducada desde hace varios años y no se correspondería con el modelo de acreditación actualmente vigente.

Ante la información publicada en diferentes medios de comunicación sobre el supuesto uso de una de estas acreditaciones por parte de un exconcejal, el Ayuntamiento considera necesario realizar las comprobaciones oportunas para determinar quién está utilizando actualmente la tarjeta, a quién estaba asignada originalmente y en qué circunstancias se ha venido utilizando.

El consistorio recuerda que las tarjetas municipales de estacionamiento tienen una finalidad estrictamente vinculada al desempeño de determinadas funciones públicas y laborales. Estas acreditaciones pueden ser utilizadas por miembros del equipo de gobierno, funcionarios y otros profesionales como jueces y médicos, que necesitan desplazarse por motivos laborales, para facilitar el desarrollo de sus funciones y permitir el estacionamiento en los espacios habilitados junto al Ayuntamiento, el centro de salud o los juzgados, así como para desplazamientos entre distintos edificios municipales.

En ningún caso estas acreditaciones permiten estacionar de manera indiscriminada en cualquier punto de la ciudad. No están autorizadas para estacionar en calles peatonales, en lugares donde el estacionamiento está expresamente prohibido ni en zonas reservadas para carga y descarga, salvo que exista una autorización específica conforme a la normativa aplicable.

La tarjeta señalada estaría caducada desde hace varios años

El Ayuntamiento señala que la acreditación a la que hace referencia la información publicada y la denuncia de un vecino, correspondería a un modelo antiguo y estaría caducada desde hace varios años. Actualmente, las tarjetas municipales vigentes son de otro color y responden al sistema de acreditación actualmente establecido por el consistorio.

Por ello, el Ayuntamiento investigará cómo ha podido mantenerse en circulación una tarjeta antigua y determinará si alguna persona ha podido estar haciendo uso de ella sin autorización.

Asimismo, el consistorio recuerda que el hecho de haber desempeñado anteriormente un cargo público no otorga ningún derecho permanente al uso de una acreditación municipal. Una vez finalizadas las funciones que justificaban su expedición, la tarjeta debe dejar de utilizarse y devolverse a la delegación de movilidad.

La Policía Local tiene instrucciones de actuar ante usos indebidos

La Policía Local de Torrent tiene instrucciones de denunciar y retirar los vehículos que hagan un uso indebido de estas acreditaciones, especialmente cuando se trate de tarjetas caducadas o utilizadas por personas que ya no desempeñan las funciones que justificaron su expedición.

De esta manera, si se detecta un vehículo estacionado utilizando una tarjeta caducada, una acreditación que no le corresponda o cualquier tarjeta empleada de forma ilícita, se procederá conforme a la normativa y a las competencias de la Policía Local.

El Ayuntamiento quiere dejar claro que estas acreditaciones no constituyen un privilegio para estacionar libremente, sino una herramienta destinada a facilitar el desempeño de determinadas funciones de servidores públicos y profesionales que necesitan desplazarse por motivos laborales.

Inventario de las tarjetas actualmente en circulación

Además de la investigación concreta, el Ayuntamiento de Torrent llevará a cabo un inventario y revisión de las tarjetas municipales actualmente en circulación, con el objetivo de conocer cuántas acreditaciones existen, a quién están asignadas, cuáles se encuentran vigentes y si todas ellas están siendo utilizadas correctamente.

Esta revisión permitirá, igualmente, retirar o invalidar aquellas acreditaciones que hayan quedado obsoletas, caducadas o que ya no estén vinculadas a las funciones para las que fueron expedidas.

El objetivo del consistorio es garantizar que todas las tarjetas municipales se utilicen exclusivamente para las funciones que justifican su existencia, evitando cualquier utilización particular o ajena a las labores de los servidores públicos y profesionales autorizados.

El Ayuntamiento de Torrent reitera así su compromiso con el cumplimiento de las normas de estacionamiento, la igualdad entre los ciudadanos y el correcto uso de los recursos y acreditaciones municipales, y adoptará las medidas que correspondan una vez concluyan las comprobaciones.

La patronal advierte de que el actual modelo está dejando fuera a miles de personas mayores y pone en riesgo más de 15.000 empleos vinculados a los destinos turísticos de la Comunitat Valenciana, especialmente durante la temporada baja.

Uno de los principales motivos de preocupación para HOSBEC es la evolución de los precios. Según sus cálculos, el IPC correspondiente a la primera anualidad del programa se situará cerca del 5%, mientras que el precio que el Ministerio abona a los hoteles por cada persona y día apenas ha experimentado cambios. Tampoco se ha revisado, según la patronal, la aportación económica de los usuarios.

Según los cálculos de la patronal, el precio mínimo necesario para que los establecimientos puedan prestar el servicio sin incurrir en pérdidas se sitúa en al menos 35 euros más IVA por persona y día. Esta cifra incluye los costes de personal, energía y materias primas, además de los servicios y actividades complementarias exigidos en el propio programa.

Alberto Núñez Feijóo ha sido el encargado de abrir el turno de preguntas al presidente del Gobierno con un amplio abanico de reproches. Entre ellos, los resultados educativos han ocupado un lugar destacado, con especial referencia a los datos del informe PISA, utilizados por el líder del PP para cuestionar la gestión del Ejecutivo."Los mejores resultados son los de las comunidades del PP y los peores los de Ceuta y Melilla, que gestiona el Gobierno", le recordaba Feijóo a Sánchez. 

El presidente del PP ha vuelto además a poner sobre la mesa la convocatoria de elecciones, una reclamación que se ha convertido en uno de los argumentos recurrentes de su estrategia de oposición. El presidente del Gobierno le ha asegurado que "va a haber elecciones en el año 2027". 

La intervención de Santiago Abascal ha elevado todavía más el tono del debate. El líder de Vox ha centrado parte de sus críticas en la situación de Ceuta. Abascal ha acusado a Sánchez de ser chantajeado por Rabat. El presidente le ha respondido: “Yo será un perro, pero no tengo amo”.

La justicia investigará la entrada masiva de personas en Ceuta, una decisión que llega acompañada de polémica política. Una vez más, desde el seno del Gobierno se cuestiona la imparcialidad de la magistrada que ha tomado la decisión. Una crítica que en esta ocasión ha expresado el ministro Óscar Puente. "Hasta la fecha, ha dado muestras de que se pueda dudar de su imparcialidad", asegura. Pese a las declaraciones del ministro, la Audiencia Nacional sigue adelante con la investigación. 

Mientras tanto, el Ejecutivo continúa sin ofrecer respuestas sobre quién estuvo detrás de la entrada masiva en Ceuta. El Gobierno no ha señalado hasta el momento a ningún responsable de lo ocurrido y sostiene que lo único que detectaron fue un movimiento inusual en redes sociales.

Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado la desclasificación de los informes que recibió sobre la situación en Ceuta, correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de julio y el 1 de agosto. Los documentos elaborados por el CNI, la Policía Nacional y la Guardia Civil estarán disponibles a partir de mañana. Una decisión que llega, además, después de la polémica generada en el seno del propio Gobierno por la negativa inicial de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a su publicación.

Robles había advertido de que la desclasificación de estos informes podía poner en riesgo la integridad de España. Finalmente, el Ejecutivo ha decidido hacer públicos los documentos y arrojar algo más de luz sobre lo ocurrido en Ceuta. Este movimiento cuenta con el rechazo de la oposición. Para el PP se trata de "informes recortados", mientras que para VOX es una nueva "cortina de humo". 

La justicia investigará la entrada masiva de personas en Ceuta, una decisión que llega acompañada de polémica política. Una vez más, desde el seno del Gobierno se cuestiona la imparcialidad de la magistrada que ha tomado la decisión. Una crítica que en esta ocasión ha expresado el ministro Óscar Puente. "Hasta la fecha, ha dado muestras de que se pueda dudar de su imparcialidad", asegura. Pese a las declaraciones del ministro, la Audiencia Nacional sigue adelante con la investigación. 

Mientras tanto, el Ejecutivo continúa sin ofrecer respuestas sobre quién estuvo detrás de la entrada masiva en Ceuta. El Gobierno no ha señalado hasta el momento a ningún responsable de lo ocurrido y sostiene que lo único que detectaron fue un movimiento inusual en redes sociales.

Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado la desclasificación de los informes que recibió sobre la situación en Ceuta, correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de julio y el 1 de agosto. Los documentos elaborados por el CNI, la Policía Nacional y la Guardia Civil estarán disponibles a partir de mañana. Una decisión que llega, además, después de la polémica generada en el seno del propio Gobierno por la negativa inicial de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a su publicación.

Robles había advertido de que la desclasificación de estos informes podía poner en riesgo la integridad de España. Finalmente, el Ejecutivo ha decidido hacer públicos los documentos y arrojar algo más de luz sobre lo ocurrido en Ceuta. Este movimiento cuenta con el rechazo de la oposición. Para el PP se trata de "informes recortados", mientras que para VOX es una nueva "cortina de humo". 

La justicia investigará la entrada masiva de personas en Ceuta, una decisión que llega acompañada de polémica política. Una vez más, desde el seno del Gobierno se cuestiona la imparcialidad de la magistrada que ha tomado la decisión. Una crítica que en esta ocasión ha expresado el ministro Óscar Puente. "Hasta la fecha, ha dado muestras de que se pueda dudar de su imparcialidad", asegura. Pese a las declaraciones del ministro, la Audiencia Nacional sigue adelante con la investigación. 

Mientras tanto, el Ejecutivo continúa sin ofrecer respuestas sobre quién estuvo detrás de la entrada masiva en Ceuta. El Gobierno no ha señalado hasta el momento a ningún responsable de lo ocurrido y sostiene que lo único que detectaron fue un movimiento inusual en redes sociales.

Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado la desclasificación de los informes que recibió sobre la situación en Ceuta, correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de julio y el 1 de agosto. Los documentos elaborados por el CNI, la Policía Nacional y la Guardia Civil estarán disponibles a partir de mañana. Una decisión que llega, además, después de la polémica generada en el seno del propio Gobierno por la negativa inicial de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a su publicación.

Robles había advertido de que la desclasificación de estos informes podía poner en riesgo la integridad de España. Finalmente, el Ejecutivo ha decidido hacer públicos los documentos y arrojar algo más de luz sobre lo ocurrido en Ceuta. Este movimiento cuenta con el rechazo de la oposición. Para el PP se trata de "informes recortados", mientras que para VOX es una nueva "cortina de humo".