Los de Feijóo acusan al Gobierno de estar haciendo ingeniería electoral.

En la misma línea cargaban contra el ejecutivo desde VOX. 

La ley de Nietos es una vía excepcional que permite que aquellos que se exiliaron durante la Guerra Civil y el franquismo puedan obtener la nacionalidad española. La mayoría de estas personas son de países como México, Cuba o Argentina. 

Isabel Díaz Ayuso ha catalogado esta maniobra de ilegal. Ha dicho que Argentina va a ser la tercera provincia en votantes y ha enviado una advertencia a cónsules y funcionarios.

La sombra de una presunta manipulación del censo electoral se abre paso en un momento de máxima debilidad para Sánchez.

La declaración de la secretaria de Zapatero ha generado muchísima expectación dada su importancia en la trama al ser mano derecha del expresidente. Ella era la memoria operativa del socialista, la que entre otras cosas, manejaba su correo o conocía  sus viajes a Venezuela. Alcázar de hecho aparece en gran parte de las conversaciones que están siendo investigadas. A pesar de no haber querido declarar, sí que ha tenido que escuchar las preguntas de los diferentes senadores.

Las muestras de apoyo a Venezuela se han multiplicado también en nuestro país. Desde el Gobierno ya se ha ofrecido a las autoridades de Venezuela el apoyo tanto de la UME como de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El Gobierno Vasco confirmaba a media mañana la desaparición de una ciudadana española a consecuencia del terremoto. Los Reyes Felipe VI y Letizia han transmitido a Venezuela su solidaridad, cariño y mucha fuerza para los heridos y las personas que han sufrido el desastre.

También desde la Comunidad Valenciana se ha ofrecido toda la colaboración para ayudar en la medida de nuestras posibilidades a Venezuela. Lo decía el President de la Generalitat que mostraba, además sus condolencias por los fallecidos.

Los siete magistrados que conforman el tribunal han dictaminado 4 años y medio de cárcel para el empresario Víctor de Aldama al que se le exime de entrar en prisión siempre y cuando cumpla con requisitos como: no delinquir, presentar un informe semestral de actividades y hacer 1 año de trabajo en beneficio de la Comunidad. La sentencia concluye que los 3 acusados formaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió graves irregularidades en detrimento del interés público y de los recursos del Estado.

Como era de esperar, la sentencia está generando un importante revuelo político. Tanto PP como VOX ya han comparecido para pedir la dimisión inmediata del presidente del Gobierno.

Fue la mesa del Congreso, con mayoría de Psoe y Sumar la que impidió la votación. Para los populares, ese veto es una decisión "antidemocrática", "arbitraria", y por tanto ilegal. Por todas estas razones han decidido llevar esta cuestión a los tribunales, cosa que dicen, harán una vez la Mesa del Congreso conteste al escrito de reconsideración que han presentado.

Según el PP, en otras ocasiones la Mesa de la Cámara Baja ha aceptado votaciones similares, por lo que creen que ahora han impedido su tramitación porque sospechan que Pedro Sánchez podría perder la votación y aunque no es vinculante, escenificaría que una mayoría del Congreso está a favor del adelanto electoral.

En el auto, Calama asegura que las hijas del exjefe del ejecutivo socialista, Alba y Laura y su mercantil, aparecen vinculadas al entramado investigado, motivando así, su citación en calidad de investigadas. Así pues el instructor señala que la empresa de ambas tuvo un papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes.

El juez señalará en un próximo auto la fecha en la que deberán personarse en el juzgado para declarar. 

Varias acusaciones piden para Zapatero prisión provisional. Por su parte, la Fiscalía anticorrupción ha pedido que se le retire el pasaporte y que acuda cada 15 días a los juzgados, algo que, finalmente, ha rechazado el juez José Luis Calama. 

En total, la causa contempla indicios de hasta siete delitos repartidos en dos piezas separadas: organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales, contrabando y delito contra la Hacienda Pública.

Comunicado

Minutos después de prestar declaración, José Luis Rodríguez Zapatero ha emitido un comunicado en el que asegura que es inocente y que ha estado 29 días en silencio preparando este momento. (*) Dice el expresidente que se le acusa de graves delitos que no ha cometido y que siempre ha actuado con decencia y honradez. El ex dirigente también informaba en el texto que ha presentado  al Tribunal una autorización universal voluntaria para que pueda constatarse la inexistencia de sociedades, dinero, productos financieros o cualquier activo con titularidad mía directa o indirecta. El comunicado sigue con las siguientes palabras: "Cuando uno sabe que es completamente inocente, como es mi caso, y confía plenamente en la Justicia, lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada si cree las cosas que se afirman de mí.". Concluye Zapatero afirmando que la verdad se abrirá paso.

No se ha quedado aquí Alberto Núñez Feijóo. El presidente popular ha elevado el tono de la sesión reprochando a Sánchez el veto a las enmiendas en las que PP y Junts instaban al congreso a la convocatoria de elcciones.  "Mañana tenemos derecho a votar la continuidad de la legislatura. Pero es un cobarde y tiene miedo a la democracia", ha añadido. "Ya no es que no quiera que votemos en urna, si no que no quiere que votemos en el parlamento".

Respondía Sánchez, como viene siendo habitual, defendiendo su acción de gobierno y lanzando balones al terreno del Partido Popular.

Sacaba Juan Bravo de nuevo a la palestra a Zapatero y preguntaba al ministro Carlos Cuerpo, que es inspector de Hacienda de profesión, sobre la joyas. Volvía a esquivar el ministro la referencia a Zapatero.

Llegaba el turno de Elías Bendodo que interpelaba a Félix Bolaños a quien acusaba de ser parte esencial de las cloacas. El ministro volvía a defenderse atacando al Partido Popular

En resumen, ha sido una sesión bronca. Una más de este tenso periodo de sesiones marcadas por los casos de corrupción del partido socialista.

El miércoles y el jueves llegará el plato fuerte de esta semana judicial. José Luis Rodríguez Zapatero acudirá, previsiblemente, a la Audiencia Nacional para declarar por el caso Plus Ultra. El primer expresidente del Gobierno imputado en democracia tendrá que dar cuenta sobre su supuesta influencia y las joyas que le fueron incautadas por valor de más de 1,3 millones de euros.  

El viernes, la fiscal general del estado, Teresa Peramato, comparecerá en la Comisión de Justicia del Senado después de que el ministerio público admitiera que cargos del organismo cuando lo dirigía Álvaro García Ortiz se reunieron con investigados por el caso  Leire. 

Mientras desde Moncloa se apela a la presunción de inocencia de los casos que les afectan, el PP acusa al Gobierno de corrupción y pide elecciones. 

Pese a que no hay fecha fijada, también está previsto que a lo largo de esta semana se conozca la sentencia por el caso mascarillas que afecta a Ábalos, Koldo y Aldama.

Por parte de Irán, el encargado de anunciar el acuerdo ha sido el vicecanciller iraní,que ha confirmado que el texto del memorando final de entendimiento ha sido completado y que la firma oficial del que se llamará “Acuerdo de Islamabad” tendrá lugar el viernes en Suiza.

Ante la noticia, los mercados no han tardado en reaccionar. El petróleo ha caído con fuerza, casi un 5%, y se sitúa en los 83 dólares el barril de brent, de referencia en Europa. Las bolsas del continente han amanecido con ganancias. El Ibex 35 ha llegado a tocar un máximo histórico de 19.152 puntos en los primeros minutos de la sesión del lunes. La bolsa española se revaloriza a un ritmo del 1,3%, algo menos que el principal índice alemán, que avanza cerca del 1,7%, y el francés, en el 1,5%. Por su parte, los selectivos de Milán y Londres se encuentran en torno al 0,8%.

La propuesta de la Generalitat Valenciana  supone una inversión de 3.300 millones en los próximos cuatro años, 1.400 en infraestructuras y 140 para mejorar la climatización de las aulas. Además, incluye más de 7.700 nuevas contrataciones.

Mañana se conocerá el resultado de la votación del profesorado en una jornada en la que también se han convocado varias protestas.

El papa León XIV optaba por entrar por el acceso menor y no por la puerta de los Leones reservada para las grandes autoridades. En el interior le esperaba una cámara, llena hasta la bandera.

Ha sido uno de los actos más relevantes de la agenda de León XIV que ha generado una gran expectación. El máximo representante de la Iglesia ha defendido ante todos los presentes la necesidad de frenar la descalificación política, ha lanzando un mensaje contra el aborto y la eutanasia y ha destacado el desafío de la inmigración.

El discurso del pontífice terminaba con una larguísima ovación de casi 7 minutos, cortada por su marcha del hemiciclo.

La acampada instalada en la Plaza de la Virgen de Valencia se ha convertido en la imagen más visible de la huelga indefinida que el profesorado de la enseñanza pública valenciana mantiene desde hace más de tres semanas. Sin embargo, el conflicto atraviesa una nueva fase marcada por el descenso del seguimiento y por los avances parciales logrados en la negociación con la Generalitat.

Mientras decenas de docentes continúan acampados en el centro histórico para reclamar mejoras en la educación pública, la Conselleria de Educación defiende que en las últimas semanas ha presentado propuestas y alcanzado acuerdos con algunos sindicatos sobre cuestiones como las retribuciones y las condiciones laborales del profesorado. No obstante, los sindicatos mayoritarios STEPV, CCOO y UGT consideran insuficientes esas medidas y mantienen las movilizaciones.

La protesta llega además en un momento en el que el seguimiento de la huelga se sitúa en torno al 15%, lejos del impacto registrado durante los primeros días del conflicto. Pese a ello, los convocantes aseguran que la movilización sigue contando con un amplio respaldo y han intensificado las acciones reivindicativas con nuevas manifestaciones y la acampada permanente en la Plaza de la Virgen.

A la reivindicación educativa se ha sumado en los últimos días la polémica política por la ocupación de la plaza, coincidiendo con la celebración de los actos del 700 aniversario del Corpus. Ayuntamiento de Valencia y Delegación del Gobierno han intercambiado responsabilidades sobre una posible intervención para desalojar el campamento, mientras los docentes insisten en que mantendrán la protesta hasta que se produzcan avances significativos en la negociación.

Tras la aprobación por parte del Gobierno valenciano, el texto iniciará ahora su tramitación parlamentaria en Les Corts Valencianes, donde continuará el proceso para su debate y validación definitiva.

Desde la Generalitat han destacado que los presupuestos priorizan áreas como sanidad, educación, servicios sociales, vivienda e infraestructuras, con el objetivo de garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y mantener el impulso económico de la Comunitat.

El Consell ha subrayado además que las nuevas cuentas buscan ofrecer “estabilidad y seguridad” en un contexto marcado por la inflación, el incremento de costes y las necesidades de financiación de las comunidades autónomas.

La aprobación de los presupuestos supone uno de los principales hitos políticos del ejercicio y permitirá activar inversiones, ayudas y programas previstos para 2026 en los distintos departamentos de la Generalitat.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha acogido este martes el inicio del juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y el ex secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, acusados de presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

David Sánchez llegó a la sede judicial alrededor de las 9:45 horas accediendo por la puerta trasera del edificio, aunque no logró evitar ser captado por los medios de comunicación concentrados en el lugar. Minutos antes habían llegado el resto de acusados, entre ellos Gallardo.

Las dos primeras sesiones del juicio estarán centradas en las cuestiones previas planteadas por las defensas. Los abogados de David Sánchez han solicitado la nulidad del procedimiento alegando, por un lado, que la denuncia inicial presentada por Manos Limpias se sustenta únicamente en recortes de prensa y, por otro, que el supuesto delito habría prescrito al haber transcurrido más de cinco años desde el proceso de adjudicación investigado.

Por su parte, la defensa de Miguel Ángel Gallardo ha pedido la nulidad parcial de la causa con el objetivo de excluir diversos hechos incluidos en el sumario.

A las puertas de la Audiencia también se pronunció la acusación, mientras continúa la expectación mediática en torno a un caso que ha generado una fuerte repercusión política y judicial.

La causa investiga una presunta trama organizada para obstaculizar procedimientos judiciales sensibles para el entorno socialista, desacreditar a mandos de la UCO y actuar contra jueces y fiscales relacionados con distintos casos de corrupción y con investigaciones que afectan al entorno del Gobierno.

Entre los imputados por el juez aparecen nombres de enorme peso político:

• Leire Díez, exmilitante socialista y exdirectiva en empresas públicas,
• Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE,
• Gaspar Zarrías, exdirigente socialista andaluz,
• Ana María Fuentes, gerente del PSOE,
• el empresario Javier Pérez Dolset,
• y el abogado Jacobo Teijelo.

Según los autos y las informaciones publicadas hoy por distintos medios, el juez sospecha que pudo existir una estructura coordinada para financiar operaciones dirigidas a influir en investigaciones judiciales, utilizando supuestamente sociedades interpuestas, facturas falsas y pagos encubiertos.

Uno de los elementos más delicados del caso son los audios y mensajes incorporados a la investigación. En ellos, según publica hoy El País, Leire Díez afirmaba: “Me ha mandado Santos ir [a Madrid]. Tenemos información que ayudaría al presidente”. El juez considera que esos mensajes podrían apuntar a una “unidad de acción y dirección” dentro de la presunta trama.

La investigación también analiza supuestas maniobras para desacreditar al teniente coronel Antonio Balas, jefe de Delincuencia Económica de la UCO, además de actuaciones dirigidas contra fiscales anticorrupción y magistrados vinculados a causas sensibles para el PSOE.

Los delitos investigados incluyen organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos, falsedad documental y obstrucción a la justicia.

La decisión implica el examen completo de las comunicaciones electrónicas —incluidas bandejas de entrada, salida y elementos eliminados— desde marzo de 2020, en el marco de unas diligencias que buscan reconstruir con precisión el rastro documental de las actuaciones vinculadas al rescate de la aerolínea.

Se trata de una de las medidas de mayor alcance adoptadas hasta la fecha en esta pieza de la investigación, que continúa abierta en la Audiencia Nacional y en la que el instructor mantiene activas varias líneas de análisis sobre el procedimiento de ayuda pública concedido a Plus Ultra durante la pandemia.

Según el documento, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habría percibido más de 6,5 millones de euros a través de una sociedad cuyos empleados utilizaban software vinculado a la Universidad Complutense de Madrid.

El informe señala además que Begoña Gómez habría registrado a su nombre la marca y el dominio de una aplicación digital denominada Transforma TSC, asociada a su cátedra universitaria. De acuerdo con estas conclusiones, se trataría de una herramienta desarrollada con fondos públicos que habría sido posteriormente registrada para su explotación con fines comerciales.