El Ejecutivo autonómico argumenta que la medida se ha aprobado “sin previsión suficiente ni recursos”, lo que, según señalan, podría provocar una saturación de los servicios públicos básicos en la Comunitat Valenciana, especialmente en ámbitos como la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Desde la Generalitat también se critica la falta de coordinación con las comunidades autónomas y la ausencia de una memoria económica clara que evalúe el impacto real de la medida en los sistemas públicos.

El Consell ha avanzado además que solicitará la adopción de medidas cautelares mientras se resuelve el recurso, con el objetivo de evitar posibles efectos inmediatos sobre la gestión de los servicios autonómicos.

El magistrado ha acordado el procesamiento de Gómez tras concluir la fase de instrucción, al apreciar indicios de delito en relación con su actividad profesional. En concreto, la resolución judicial apunta a posibles delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.

La investigación se centra en su papel en proyectos vinculados a la Universidad Complutense de Madrid y en las relaciones con determinadas empresas privadas. Junto a Gómez, el juez también ha decidido procesar a otros implicados en la causa, entre ellos una asesora de Moncloa y varios empresarios.

Desde el Gobierno, la reacción ha sido de respaldo cerrado. Pedro Sánchez ha insistido en su confianza en la justicia y ha defendido la inocencia de su esposa, enmarcando el caso en un contexto de presión política. Mientras, desde la oposición se reclaman explicaciones y se exige asumir responsabilidades. El caso, que se inició hace meses a raíz de diversas denuncias, ha estado rodeado de polémica desde sus primeras fases. La decisión de procesar a la esposa del presidente añade ahora un nuevo elemento de tensión al panorama político, en un momento marcado además por la agenda internacional del jefe del Ejecutivo.

A partir de este punto, el procedimiento judicial continuará su curso y será la Audiencia Provincial la que determine si finalmente se abre juicio oral. Hasta entonces, el caso seguirá centrando el debate público y político en España.

El conjunto de actuaciones se ha presentado tras la reunión de la Mesa de Diálogo Social, en la que han participado representantes del Consell, la patronal y los sindicatos. El plan incluye diferentes líneas de actuación dirigidas a hogares, autónomos y empresas, con medidas de apoyo económico, facilidades de financiación a través del Institut Valencià de Finances (IVF), y acciones orientadas a paliar el incremento de costes energéticos y financieros.

Asimismo, el paquete contempla instrumentos fiscales y ayudas directas e indirectas destinadas a reforzar la actividad económica y proteger a los colectivos más afectados por el contexto internacional. Desde la Generalitat se ha subrayado que se trata de una respuesta coordinada con los agentes sociales para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la situación geopolítica actual.

Las medidas se irán desplegando de forma progresiva en los próximos meses.

El conflicto surge tras una decisión judicial relacionada con el ruido, que no prohíbe los festivales, pero sí obliga a cumplir de forma estricta la normativa municipal sobre contaminación acústica. Esta situación ha generado dudas sobre si los eventos podrán celebrarse en las condiciones previstas.

Los promotores advierten de que, sin una solución rápida, podría verse afectada la planificación de los festivales y el impacto económico que estos generan en la ciudad, estimado en decenas de millones de euros.

Por ello, reclaman una respuesta urgente para evitar problemas con el público y con la organización de los eventos.

El acuerdo de tregua de dos semanas, que incluye la reapertura segura del estrecho de Ormuz —uno de los principales corredores del petróleo mundial— ha reducido la tensión geopolítica y ha provocado que el barril caiga por debajo de los 95 dólares.

¿Por qué baja el petróleo?

El alto el fuego ha relajado las expectativas de interrupciones en el suministro global, lo que ha reducido rápidamente el valor del crudo en los mercados internacionales. En pocas horas, los futuros del Brent y del WTI han registrado caídas superiores al 13-15 % respecto a la jornada anterior.

En la Comunidad Valenciana: bajada “en papel”, pero no en el surtidor

A pesar de este desplome del petróleo, los conductores de la Comunidad Valenciana aseguran que el ahorro aún no se refleja en las gasolineras.

En provincias como Valencia, Alicante y Castellón, muchos usuarios consultados señalan que los precios “siguen prácticamente igual” pese a la caída del crudo en los mercados internacionales.

Expertos del sector explican que este desfase es habitual: aunque el petróleo baja en origen, el precio final del carburante depende también de márgenes de distribución, impuestos, costes de refinado y de la velocidad con la que las gasolineras ajustan sus tarifas.

Una percepción clara: “no se nota”

Tras meses de precios elevados por tensiones internacionales, cualquier bajada resulta poco perceptible para el consumidor medio. En la práctica, muchos conductores valencianos aseguran que llenar el depósito sigue suponiendo un gasto elevado.

Mercados en verde, bolsillos aún sin alivio

La caída del petróleo ha impulsado a los mercados bursátiles y ha generado alivio en el sector energético, pero el impacto en el bolsillo de los conductores de la Comunidad Valenciana todavía no se ha materializado. Los expertos advierten que la traslación del descenso del crudo a los precios en surtidor puede tardar días o incluso semanas, por lo que el efecto real podría no notarse de inmediato.

Durante la sesión ha declarado la responsable de personal de la empresa pública Ineco, Ana Araceli Arigita Bueno, quien ha señalado que la contratación de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, no siguió el proceso habitual de selección de personal.

Según su testimonio, se llegó a programar una entrevista de trabajo que finalmente no se realizó, y ha indicado además que desconoce si la contratación llegó a formalizarse conforme a los procedimientos internos de la empresa.

En otra parte de la sesión ha declarado el hermano de Koldo García, quien ha reconocido en sede judicial haber acudido en dos ocasiones a la sede del PSOE en la calle Ferraz para recoger dinero en metálico.

Según su versión, las entregas eran realizadas por una trabajadora del partido y posteriormente el dinero era entregado a su hermano o a la entonces esposa de este, Patricia Úriz. La primera de estas entregas habría tenido lugar el 16 de diciembre de 2020, de acuerdo con mensajes intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Asimismo, ha afirmado conocer la existencia de un sistema de sobres atribuido a Koldo García para clasificar distintos tipos de gastos, que según su declaración se diferenciaban entre “del partido”, “del ministerio” y “personales” vinculados a José Luis Ábalos.

Buenas noticias para los vecinos de Paterna. El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha anunciado que el próximo 7 de abril reabrirá el centro de salud de La Coma, que llevaba cerrado cuatro meses.

El ambulatorio había suspendido la atención presencial tras episodios de agresiones y amenazas a profesionales sanitarios, que llevaron a que parte de la plantilla solicitara bajas laborales y se interrumpiera el servicio habitual.

El anuncio de la reapertura se hizo tras una reunión entre el conseller y las asociaciones de vecinos de La Coma y Más del Rosari, en la que se abordaron las necesidades sanitarias del barrio y los compromisos para reforzar la atención primaria.

Los vecinos han recibido positivamente la noticia, que devuelve un servicio básico de salud a la zona tras meses de derivaciones a otros centros cercanos.

Albaida cierra las cuentas de 2025 en positivo con un remanente de 814.000€

Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento gasta menos de lo que ingresa, reduce la deuda y mantiene la inversión en la ciudad.

En el pleno ordinario del pasado jueves, el Ayuntamiento de Albaida dio cuenta de la aprobación de las cuentas de 2025, que cierran con superávit por segundo año consecutivo y un remanente de tesorería positivo de 814.000 € tras pagar todas las facturas pendientes. El alcalde, Juan Carlos Roses, destacó que “estos resultados reflejan la buena gestión de los últimos dos años, estabilizando un Ayuntamiento que encontramos al borde de la quiebra técnica y que estamos logrando reflotar”.

Frente a las dudas de la oposición, el alcalde aclaró que “la situación que encontramos al llegar al gobierno era complicada: el Ayuntamiento tardaba meses en pagar a proveedores y la deuda superaba los 7 millones de euros, con un período medio de pago de 120 días y un nivel de endeudamiento del 114%. En estos dos años, gracias al trabajo realizado, hemos reducido el plazo de pago a 16 días y se prevé que al finalizar el año, gracias al cierre positivo, la deuda quede por debajo de 4 millones, alrededor del 60%”.
A estos logros se suma la contención del gasto en personal, que se ha situado en 3,4 millones €, lejos de los 4 millones que auguraba la oposición cuando se aprobó el presupuesto, y que lo deja por debajo del 50% del gasto total.
Mientras tanto, la inversión en la ciudad no se ha detenido. Recientemente se finalizó el puente sobre el río Albaida, que se completará con el ciclo peatonal hasta El Palomar; se concluyeron las obras del colegio Elías Tormo, el colegio Covalta entra en fase final y el nuevo centro de día avanza rápidamente.

En el ámbito deportivo, se inauguró un circuito Pump Track que ya es un éxito entre los jóvenes y se construyen nuevos vestuarios con una inversión de 360.000 €, mejorando las instalaciones existentes. Al mismo tiempo, se han licitado las obras de reforma de “Casa Camarada”, el asfaltado de la carretera de Ontinyent y mejoras en el “Barranc del Sapo” y el “Pas de l’Anguilar”, y se trabaja en la renovación integral del parque junto al colegio Covalta, que incluirá nuevos juegos, vallado y mejoras de seguridad. La próxima finalización de la calle Verge del Remei así como el reasfaltado de la C/Ereta, sitúa a Albaida como uno de los municipios de la Vall con mayor crecimiento en inversión, sin recurrir a fondos propios.
“Cuando llegamos al gobierno nos propusimos dos objetivos: estabilizar el Ayuntamiento y ejecutar los proyectos estancados, además de impulsar nuevas inversiones. Más de dos años después, creo que lo estamos consiguiendo”, concluyó Roses.
El Gobierno de Albaida afronta el final de la legislatura con los deberes hechos, un Ayuntamiento estable y numerosas infraestructuras mejoradas, consolidando un cambio que ya es palpable para la ciudad y sus vecinos.

La decisión llega después de que inicialmente se restringiera su entrada en el marco de medidas de seguridad adoptadas en un contexto de elevada tensión en la región. Esta limitación generó preocupación en el seno de la Iglesia católica y críticas por parte de representantes religiosos y diplomáticos, al considerar que podía afectar al desarrollo normal de las celebraciones litúrgicas en un lugar clave para la cristiandad.

Desde el Vaticano y distintos responsables eclesiásticos se subrayó la importancia de garantizar la libertad de culto y el acceso de los representantes religiosos a los lugares santos, especialmente en fechas de alta significación litúrgica. El propio Patriarcado Latino de Jerusalén expresó su inquietud por la situación, insistiendo en la necesidad de preservar el carácter sagrado del templo y el normal desarrollo de los oficios religiosos.

Tras la polémica, las autoridades israelíes han dado marcha atrás y han autorizado el acceso del patriarca, permitiendo así que Pizzaballa pueda oficiar y participar en las celebraciones previstas en la basílica.

El Santo Sepulcro, gestionado por varias Iglesias cristianas —entre ellas la Iglesia católica, la Iglesia ortodoxa griega y la Iglesia apostólica armenia— es considerado tradicionalmente el lugar de la crucifixión y resurrección de Jesucristo, lo que lo convierte en uno de los centros de peregrinación más importantes del mundo.

A primera hora del día, miles de conductores quedaron atrapados en largas colas que superaron varios kilómetros, afectando gravemente a la entrada sur de la ciudad y a vías secundarias cercanas. Los trabajos, que requerían cortes parciales de la calzada, se prolongaron más allá del horario establecido, manteniendo carriles cerrados cuando el tráfico ya era intenso.

La situación ha generado críticas por la planificación y ejecución de las obras, al no haberse garantizado la reapertura completa de la vía antes del inicio de la jornada laboral. La falta de previsión derivó en desvíos, congestión generalizada y un importante impacto en la movilidad diaria de miles de valencianos.

Montero encabezará así la candidatura del PSOE en un contexto en el que la formación busca reforzar su posición en la comunidad y competir por el gobierno autonómico frente al actual presidente andaluz, Juanma Moreno. La decisión ha tenido también respuesta por parte del Partido Popular. Dirigentes del PP en Andalucía han criticado el movimiento y han cuestionado el perfil de la candidata. El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha vinculado a Montero con el “pasado de la corrupción” en Andalucía y con etapas anteriores del PSOE en la comunidad. Asimismo, desde el partido consideran que su candidatura responde a una estrategia nacional de su formación política más que a un proyecto estrictamente andaluz.

Con su salida, el Gobierno deberá acometer una reorganización en uno de sus puestos de mayor relevancia, tanto por el peso político de la vicepresidencia primera como por las competencias en materia económica que venía desempeñando Montero.

En paralelo, el escenario electoral andaluz se perfila como uno de los principales focos políticos en los próximos meses, con una contienda que enfrentará al actual gobierno del PP con una candidatura socialista liderada por una de las figuras más relevantes del Ejecutivo central hasta ahora.

El encuentro debía servir para aprobar un paquete de 80 medidas dotado con 5.000 millones de euros para hacer frente a las consecuencias de la crisis internacional derivada del conflicto en Oriente Medio. Sin embargo, las diferencias previas entre los socios de coalición han obligado a reorganizar el contenido en dos decretos separados para facilitar su aprobación.

La división interna ha quedado patente durante la propia preparación del Consejo, que ha requerido negociaciones de última hora para poder encauzar el acuerdo y permitir que las medidas salieran adelante. La decisión de fragmentar el paquete en dos decretos —uno centrado en medidas económicas y otro en políticas de vivienda— refleja las dificultades del Gobierno para alcanzar una posición común en asuntos clave. El desarrollo de la reunión ha estado condicionado por esa falta de consenso, que ha obligado a ajustar el planteamiento inicial para poder sortear las diferencias entre los socios.

Críticas del Partido Popular

Desde la oposición, el Partido Popular ha reaccionado criticando la situación y señalando la falta de cohesión del Ejecutivo.

El portavoz del PP, Miguel Tellado, ha ironizado sobre la división de los decretos: “No apoyaremos el decreto de izquierdas y valoraremos en profundidad el decreto de derechas”. Tellado ha asegurado además que el Gobierno se encuentra “completamente partido” y ha puesto en duda su capacidad para gobernar en un contexto de falta de mayorías estables.

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso ha afirmado que una situación como la vivida “haría caer el Gobierno de cualquier país democrático”, en referencia a las tensiones internas evidenciadas en el Consejo de Ministros. El episodio de este viernes refleja las dificultades del Ejecutivo para mantener una posición unificada en decisiones relevantes. El plantón inicial de Sumar y la posterior reorganización de las medidas han evidenciado la necesidad constante de negociación entre los socios para poder avanzar en la aprobación de iniciativas.

De acuerdo con un análisis de la consultora Mabrian, la percepción de seguridad en varios destinos del Golfo ha caído de forma notable desde el inicio de la escalada del conflicto a finales de febrero. Esta situación está provocando que algunos viajeros europeos y estadounidenses reconsideren sus planes y opten por destinos alternativos, entre ellos España y otros países del Mediterráneo.

Las primeras señales ya se observan en el mercado turístico. Algunos operadores y aerolíneas han detectado un aumento de búsquedas y reservas hacia destinos españoles como Málaga, Alicante o Palma, especialmente desde el Reino Unido, tras la reducción de vuelos y la incertidumbre en la región.

Además, el propio conflicto ha afectado al tráfico aéreo entre España y varios países de Oriente Medio. En los últimos días se han cancelado 165 de los 203 vuelos previstos entre España y cinco países de la región, lo que representa cerca del 80 % de las conexiones programadas.

Expertos del sector señalan que este tipo de cambios en los flujos turísticos no es algo nuevo. En situaciones de inestabilidad geopolítica, los viajeros suelen elegir destinos con mayor percepción de seguridad y buena conectividad aérea. En este contexto, España se posiciona como una alternativa atractiva por su estabilidad, infraestructuras turísticas consolidadas y amplia oferta de destinos mediterráneos.

Sin embargo, los analistas advierten de que el impacto final dependerá de la evolución del conflicto y de otros factores económicos asociados, como el encarecimiento del petróleo y del transporte, que ya empiezan a notarse en la economía europea.

El sector turístico español sigue atento a la evolución de la situación internacional, consciente de que los cambios geopolíticos pueden alterar de forma rápida los patrones de viaje a escala global.

Pérez Llorca ha realizado estas declaraciones durante una visita al nuevo centro de salud del Rincón de Loix, en Benidorm (Alicante), donde ha destacado que estos primeros meses de gobierno han sido “muy intensos”. El president ha afirmado que la sensación es que “ha pasado más de un año”, debido al ritmo de trabajo y a la cantidad de iniciativas impulsadas desde el Ejecutivo autonómico.

El jefe del Consell ha subrayado que más de la mitad de las medidas anunciadas en su discurso de investidura para el tramo final de la legislatura ya están en marcha. Entre ellas, ha destacado diversas rebajas fiscales y el desarrollo de la Estrategia contra el Cáncer de la Comunitat Valenciana 2026-2030, que ha definido como un plan “pionero” en el ámbito autonómico.

Asimismo, ha hecho referencia a las labores de reconstrucción tras la dana que afectó a la provincia de Valencia, insistiendo en que el Gobierno valenciano trabaja para apoyar a las familias de las víctimas y avanzar en la recuperación de las zonas afectadas.

En el ámbito económico y laboral, Pérez Llorca ha destacado la evolución positiva de los indicadores de empleo en la Comunitat Valenciana. Según ha explicado, se han registrado avances en la reducción del paro femenino y en la llegada de nuevas inversiones, lo que, a su juicio, refleja la estabilidad política e institucional del territorio.

El president ha concluido que estos primeros cien días han servido para encauzar la acción del Gobierno valenciano y reforzar la imagen de la Comunitat como una “tierra de oportunidades” capaz de atraer inversiones y nuevos residentes.

Desde la oposición, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cuestionado la postura del Ejecutivo, calificándola de "incoherente". El dirigente popular acusó a Sánchez de incoherencia en política exterior y criticó que recupere el lema “No a la guerra”, asegurando que su discurso no se corresponde con las decisiones del Gobierno.

La respuesta de Pérez Llorca fue tajante. Tras afirmar con rotundidad que “no a la guerra, por supuesto”, aseguró que ningún dirigente del PP desea un conflicto bélico, pero añadió: “si hay un ‘no’ fuerte en España, es un ‘no’ a Pedro Sánchez”, reorientando así el discurso hacia una crítica directa al líder del Ejecutivo central. El jefe del Consell también reprochó a los socialistas que centren sus intervenciones en consignas y carteles —como el de la guerra— en lugar de abordar problemas concretos que afectan a la ciudadanía valenciana. Durante el debate, la oposición también subrayó que el rechazo que existe hacia Sánchez es evidente incluso dentro del propio PSPV-

Los datos más recientes muestran que el barril de petróleo Brent —referencia principal en Europa— ha subido más de un 12 % en los últimos días, alcanzando niveles no vistos desde mitad de 2024. Esto se debe en parte a disrupciones en la salida de crudo por el estrecho de Ormuz, ruta clave por donde pasa gran parte de la producción mundial de petróleo.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte que este encarecimiento internacional del crudo aún no se ha trasladado de forma completa al surtidor, pero estima que podría reflejarse en subidas de alrededor de 8 a 10 céntimos por litro en los próximos diez a quince días, si se mantienen los niveles actuales del petróleo.

En España y otros países europeos ya se observa que los precios de las estaciones de servicio están ajustándose gradualmente a esta tendencia, con subidas progresivas tras los movimientos en los mercados energéticos. Los expertos señalan que la gasolina es sensible a la evolución del crudo mundial, y cualquier prolongación del conflicto podría aumentar la presión sobre los combustibles.

Aunque el impacto final dependerá de cómo evolucione la situación geopolítica y del tiempo que transcurra hasta que los carburantes reflejen estos cambios, conductores y empresas del transporte ya empiezan a sentir el efecto en sus presupuestos, y muchos analistas prevén que el alza continuará si no hay señales claras de desescalada. 

La ofensiva conjunta lanzada por Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes ha derivado en una amplia escalada regional que ha incluido ataques con drones y misiles por parte de Irán y sus aliados hacia territorios en el Golfo Pérsico y el Líbano, así como impactos en embajadas y rutas comerciales estratégicas. Según fuentes militares y el Pentágono, la campaña, denominada oficialmente “Furia Épica”, continúa con un incremento de fuerzas y equipamiento en la zona, y podría prolongarse en el tiempo con objetivos aún no completamente definidos.

El conflicto ya ha provocado un impacto significativo en infraestructuras energéticas y comerciales globales, con cierres temporales de espacios aéreos y tensiones por el control del estrecho de Ormuz.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha adoptado una posición clara: España no permitirá que sus bases sean utilizadas para ataques contra Irán, argumentando que tales acciones no cuentan con respaldo de la ONU ni se ajustan al marco legal internacional exigido por los acuerdos bilaterales con Estados Unidos. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, enfatizó que las bases de Rota y Morón, aunque operadas de forma conjunta, están bajo soberanía española y solo pueden emplearse dentro de lo pactado legalmente y conforme a la Carta de las Naciones Unidas.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró que los aviones cisterna estadounidenses retirados no prestaron ninguna asistencia a los ataques y que cualquier autorización futura estaría condicionada estrictamente a marcos multilaterales.

Esta decisión ha llevado a la retirada de al menos una docena de aviones cisterna y de reabastecimiento de la Fuerza Aérea estadounidense de territorio español, según seguimiento de vuelos por fuentes periodísticas y oficiales.

La postura española contrasta con la de otros aliados europeos como Francia, Reino Unido o Alemania, que —aunque también han pedido moderación y respeto al derecho internacional— han mostrado mayor flexibilidad respecto a apoyar acciones defensivas o han permitido el uso de sus bases bajo argumentos de “autodefensa” tras ataques iraníes en la región.

Analistas consultados señalan que la decisión del Gobierno puede aislar diplomáticamente a España frente a sus aliados transatlánticos y plantea dudas sobre la coherencia de la política exterior en un momento de polarización geopolítica, especialmente si la crisis se prolonga y se complica en otras fronteras regionales.

Militares españoles desplegados en la región se encuentran en zonas como Líbano o Irak con medidas de seguridad reforzadas pero sin participación directa en los combates. La negativa a apoyar operaciones con bases propias ha abierto un debate político interno sobre la responsabilidad de España en alianzas como la OTAN, y si la defensa del derecho internacional debe prevalecer incluso cuando entra en conflicto con compromisos tradicionales con Estados Unidos.

Expertos advierten que la retirada de activos estadounidenses de suelo español podría tener implicaciones estratégicas a medio plazo, más allá del conflicto actual.

Aznar se muestra muy crítico con la gestión de Pedro Sánchez asegurando que "un gobierno populista radical de izquierdas y corrupto es todo un peligro". Para el expresidente del Partido Popular sobran los motivos para criticar la gestión de los socialistas: "no creen en las reglas, no respetan la separación de poderes propia de la democracia, gobiernan a espaldas de la democracia, debilitan el estado porque hacen coaliciones con quienes quieres romper el estado, extienden unas redes de corrupción muy grande". "Es la primera vez que un grupo de delincuentes llegan al Gobierno de España", sentencia.

El expresidente considera que antes España tenía "propósitos comunes" y que esos propósitos se están perdiendo porque la nación de debilita. "Aquí hay un grupo de saqueadores que están saqueando el estado", asegura.  Aznar afirma que en España “no se gobierna”, sino que se adoptan decisiones destinadas a “fragmentar la sociedad” y “crispar la situación”. En ese contexto, arreme contra el presidente Pedro Sánchez, al que acusa de haber falseado su tesis doctoral y de cometer fraude en sus elecciones internas, asegurando que está “dispuesto a lo que sea para seguir gobernando”.

El expresidente defende que el sistema electoral español ha proporcionado “una estabilidad razonable”, pero advirte de que el problema radica en que —a su juicio— se está poniendo el Gobierno “en manos de quienes quieren destruir España”. También califica de “insólito” que ministros en ejercicio sean designados como candidatos autonómicos sin abandonar sus cargos, cuestionando el “nivel político” de esa práctica y preguntándose qué queda del “viejo” Partido Socialista Obrero Español.

En cuanto a la erosión del estado de derecho, Aznar critica que los socialistas estén obstaculizando la función de los tribunales y lamenta que se haya defendido a un Fiscal General del Estado que ha sido condenado. "Si ustedes no respetan la ley, habrán muchos ciudadanos que dirán... ¿por qué la tengo que respetar yo?", defiende.

PACTOS PP VOX

Los resultados obtenidos en las elecciones autonómicas revelan cierta dependencia entre partidos para formar gobierno. El expresidente del Gobierno apuesta por una España "sin populismos ni de izquierda ni derecha". Dice Aznar que no quiere un presidente que "levante un muro para excluir a la mitad de los españoles, pero tampoco quiere un populismo de derecha que diga que quiere que se quede el muro pero pintándolo ellos mimsmos". El popular afirma que "lo que hay que eliminar es el muro" y que para ello "necesitamos un gobierno fuerte y cuanto más tenga que pactar el Gobierno, menos dificultades va a tener España".

Preguntado por si se puede llegar a acuerdos con Vox asegura que sí "siempre y cuando sean respetables y estén dentro de un marco constitucional". Aznar avisa de que no puede haber más aislamiento que aquellos que pactan con los terroristas y herederos de ETA que recuerda "son socios de Sánchez".

Para Aznar en las próximas elecciones generales nos vamos a jugar la vigencia de la Constitución, la vigencia de la monarquía parlamentaria y la continuidad de la convivencia de los españoles.

COMUNIDAD VALENCIANA

El expresidente del Partido Popular también tiene palabras para el actual liderazgo que ejerce el president de la Generalitat ,Juanfran Pérez Llorca,  en la Comunidad Valenciana. "Seguro que reúne las condiciones para ser un buen presidente, falta que las circunstancias lo permitan". Aznar defiende que es muy importante que nuestro territorio sea "una parte sustencial en toda España".

En materia de financiación, Aznar sostiene que el actual modelo se encuentra bloqueado por la intención de otorgar a Cataluña un concierto económico específico. Considera que esa posibilidad sería “muy difícil” de materializar y que, de llevarse a cabo, supondría “un disparate de tal envergadura que no se podría sostener”, lo que estaría impidiendo alcanzar un nuevo acuerdo para las comunidades autónomas.

INMIGRACIÓN Y DESAFÍO DEMOGRÁFICO

Sobre inmigración, Aznar alerta de que España afronta “un problema demográfico enorme”, marcado por la baja natalidad y el aumento de la esperanza de vida. A su juicio, la inmigración “no solventa el problema demográfico”, sino que actúa como un paliativo. Defiende la necesidad de inmigrantes para cubrir puestos de trabajo, pero aboga por una política migratoria “ordenada”, con control de fronteras, lucha contra la ilegalidad y políticas de devolución. Asimismo, subraya que “la ley es igual para todos” y no debe aplicarse de forma distinta en función del origen.