La respuesta internacional continúa desplegada en las zonas más afectadas por los terremotos. Equipos de la Unidad Militar de Emergencias llevan varios días trabajando sobre el terreno. El avión de la Fuerza Aérea española aterrizaba el viernes en Caracas con 59 efectivos, dos ingenieros del Ejército de Tierra y ocho unidades caninas para apoyar a las autoridades venezolanas en las tareas de búsqueda y rescate. De momento se han rescatados dos personas con vida entre los escombros.

El balance de víctimas del doble terremoto que sacudió Venezuela continúa aumentando. A estas horas las autoridades del país elevan a 235 los muertos y a 4.300 los heridos tras el devastador terremoto en Venezuela. Allí los equipos de emergencia mantienen las labores de búsqueda entre los edificios colapsados y las zonas más afectadas.

Los dos seísmos, de magnitudes 7,2 y 7,5, se registraron con apenas unos segundos de diferencia y provocaron graves daños en Caracas, La Guaira y otros estados del norte del país. Las autoridades han declarado el estado de emergencia y continúan evaluando el alcance de los desperfectos materiales, con cientos de personas aún desaparecidas o atrapadas bajo los escombros.

La comunidad internacional, también la Comunidad Valenciana, ya ha comenzado a enviar equipos de rescate y ayuda humanitaria para apoyar las tareas de asistencia a la población de las zonas afectadas.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha dado orden de movilizar financiación para la ayuda a Venezuela a través de las instituciones multilaterales presentes en la zona. 

Las muestras de apoyo a Venezuela se han multiplicado también en nuestro país. Desde el Gobierno ya se ha ofrecido a las autoridades de Venezuela el apoyo tanto de la UME como de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El Gobierno Vasco confirmaba a media mañana la desaparición de una ciudadana española a consecuencia del terremoto. Los Reyes Felipe VI y Letizia han transmitido a Venezuela su solidaridad, cariño y mucha fuerza para los heridos y las personas que han sufrido el desastre.

También desde la Comunidad Valenciana se ha ofrecido toda la colaboración para ayudar en la medida de nuestras posibilidades a Venezuela. Lo decía el President de la Generalitat que mostraba, además sus condolencias por los fallecidos.

La Guardia Civil continúa trabajando para esclarecer lo ocurrido. En concreto hoy han seguido buscando el cuchillo con el que se llevó a cabo el crimen el pasado viernes. El arma blanca no se encontró durante la inspección.

Se baraja la posibilidad de que el detenido la hubiera lanzado a la marjal situada cerca de la casa. Los vecinos siguen conmocionados por lo sucedido. "Al fin y al cabo se han destrozado 3 familias", asegura una vecina. 

El crimen se produjo cuando el logopeda se encontraba impartiendo una terapia aun niño de dos años. En un momento dado el padre del pequeño irrumpía en la sesión. Según señalaba a la policía, el asesino sorprendió en la consulta a su hijo sin pantalones ni pañal. Empezaba entonces una discusión y, tras indicarle la víctima la imposibilidad de enseñarle una grabación de la sesión, el padre le apuñalaba con una navaja de 15 centímetros.

En su huida con el pequeño en brazos se cruzaron con otra familia. Tras dejar al pequeño en casa se presentaba en la comisaría de Burjassot, donde confesaba los hechos todavía con las manos ensangrentadas. Los investigadores tratan ahora de verificar la versión del padre.

El fallecido, Vincent, tenía 32 años y no contaba con antecedentes penales.

Se busca en Valencia a una mujer de 48 años de la que no se sabe nada desde el lunes. Se trata de Gloria Martinez Benavent. Su familia pide la colaboración ciudadana para poder encontrarla. Vive en San Antonio de Benagéber y desde ayer se le está buscando puesto que se marchó sin avisar y dejándose el móvil y la documentación en casa.

El marido de la desaprecida pide ayuda y alerta que Gloria atraviesa una fuerte depresión. Lo único que se sabe es que se fue de casa en su coche, un AUDI Q2 de color gris oscuro con matrícula 1129 LGJ.

Si tienen cualquier información llamen a la policía o al teléfono 619 099 181.

Según la investigación, el individuo entró al local y, de forma repentina, sacó el arma blanca, generando una situación de gran tensión entre las empleadas, que fueron amenazadas durante el asalto.

Tras el robo, el autor abandonó el lugar con el botín. La Guardia Civil inició entonces una investigación que permitió reconstruir los hechos a partir de los indicios recogidos y el análisis de las imágenes disponibles.

Uno de los elementos clave fue la vestimenta que llevaba el sospechoso durante el atraco, lo que permitió a los agentes acotar su identidad.

Dos días después, el hombre fue localizado y detenido.

La investigación continúa abierta.

Los hechos están siendo analizados por los investigadores, que trabajan a la espera de los resultados de las autopsias previstas para este lunes, un paso clave para confirmar de manera oficial la secuencia de lo ocurrido y las circunstancias exactas de las muertes.

Según las primeras hipótesis de la investigación, el agente, de 55 años y destinado en el puesto desde hace décadas, habría utilizado su arma reglamentaria en distintos puntos de la vivienda familiar. Las víctimas serían su esposa, de 51 años, y su hijo en común, de 24.

El análisis forense deberá esclarecer con precisión las causas de la muerte de cada uno de los implicados y confirmar la línea principal que manejan los investigadores en este suceso, que ha conmocionado a la comunidad local.

La investigación, desarrollada durante meses, permitió a los agentes seguir el rastro de un entramado perfectamente estructurado que operaba desde Valencia y distribuía la sustancia a distintos puntos del país. Según fuentes de la investigación, la organización contaba con funciones muy definidas dentro de la cadena de tráfico: almacenamiento, transporte, distribución y blanqueo de dinero.

Durante el operativo se practicaron varios registros en viviendas y locales utilizados por la red. Allí, los agentes encontraron grandes cantidades de Alfa-PVP preparadas para su venta, además de dinero en efectivo, teléfonos móviles, equipos informáticos y documentación relacionada con la actividad delictiva.

La Alfa-PVP, conocida popularmente como droga Alfa o “droga caníbal”, es un potente estimulante sintético cuyos efectos pueden derivar en episodios de agresividad extrema, paranoia, ansiedad o desconexión de la realidad. En los últimos años, su consumo ha aumentado especialmente en contextos de ocio nocturno y fiestas vinculadas al llamado ‘chem-sex’.

Fuentes de la Guardia Civil destacan que se trata de uno de los golpes más importantes realizados hasta la fecha contra el tráfico de esta sustancia en España, tanto por el volumen intervenido como por la dimensión de la organización desarticulada.

La operación sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones en los próximos días.

Según la investigación, el presunto autor habría tratado de reconstruir los hechos de forma que parecieran un accidente de tráfico, trasladando posteriormente el cuerpo hasta las inmediaciones de la vía donde fue hallado.

Las pesquisas de los agentes permitieron desmontar esa versión inicial y esclarecer lo ocurrido.

El detenido ha ingresado en prisión por orden judicial.

La situación a bordo ha activado una respuesta internacional coordinada. La OMS trabaja junto a distintos gobiernos para evaluar el destino del barco, que podría atracar finalmente en las Islas Canarias, una opción aún no confirmada oficialmente por el Ministerio de Sanidad español.

Según los primeros análisis epidemiológicos, el contagio podría haberse producido en un entorno cerrado durante la travesía, con la hipótesis de una transmisión entre personas en estudio, aunque el hantavirus se transmite habitualmente por contacto con roedores infectados y los contagios entre humanos son excepcionales.

El crucero, que partió de Ushuaia (Argentina) a finales de marzo con pasajeros de más de 20 nacionalidades, se encuentra ahora en una situación de aislamiento sanitario mientras se decide el traslado de los casos más graves y la eventual evacuación médica del pasaje.

Las autoridades sanitarias mantienen abierta la investigación para determinar el origen exacto del brote y las posibles cadenas de transmisión dentro del barco.

Según las primeras informaciones, los autores habrían accedido al local por métodos aún no confirmados, sorprendiendo en el interior a dos trabajadoras del servicio de limpieza. Los asaltantes las habrían reducido y atado para poder llevar a cabo el robo con mayor facilidad.

Tras el asalto, los responsables habrían abandonado el lugar rápidamente, llevándose dinero en efectivo cuya cantidad aún no ha sido determinada por la investigación.

Las víctimas, que no han sufrido heridas de gravedad, han logrado dar aviso a los servicios de emergencia una vez han conseguido liberarse, lo que ha activado un dispositivo policial en la zona.

Hasta el momento no se han producido detenciones y la investigación ha sido asumida por el grupo de Policía Judicial de la Guardia Civil, que trabaja en el análisis de cámaras de seguridad y posibles vías de escape utilizadas por los autores.

El suceso ha generado expectación en el municipio durante la mañana, mientras los agentes mantienen abiertas todas las hipótesis sobre la planificación del robo.

Según las investigaciones, el botín total —incluyendo tanto los objetos robados como los daños ocasionados— asciende a cerca de un millón de euros. La banda operaba de forma itinerante por distintos puntos del país, lo que complicó su seguimiento. Entre las zonas afectadas figura la provincia de Castellón, además de otras como Madrid, Tarragona, Toledo o Almería.

Los agentes lograron finalmente identificar a los integrantes del grupo y esclarecer el conjunto de los robos que se les atribuyen. La investigación ha revelado que no se trataba de acciones aisladas, sino de una estructura organizada con reparto de funciones. Los miembros del grupo realizaban labores de vigilancia previa, seleccionaban objetivos y ejecutaban los asaltos con rapidez. Posteriormente, la mercancía sustraída era vendida en el mercado ilegal para dificultar su recuperación.

El aviso del incendio se recibió sobre las 3:41 horas a través de la sala CISE, lo que movilizó a patrullas policiales, efectivos del Cuerpo Municipal de Bomberos y agentes de la Guardia Civil. Las llamas afectaron aproximadamente a 200 metros cuadrados de terreno antes de ser extinguidas.

Según el Ayuntamiento de València, una testigo observó cómo cinco jóvenes lanzaban un artefacto pirotécnico y abandonaban rápidamente la zona en un vehículo tras iniciarse el fuego en el matorral. Poco después, la Policía Local localizó un turismo cuyas características coincidían con las descritas y lo interceptó en las proximidades.

En el interior del vehículo viajaban cinco jóvenes. Los agentes detectaron restos de arena tanto en el coche como en parte de su ropa. Posteriormente, uno de los identificados reconoció haber lanzado la bengala, aunque aseguró que no tenía intención de provocar el incendio.

Los jóvenes fueron trasladados al cuartel de la Guardia Civil de Alfafar, donde uno de ellos quedó investigado como presunto autor de un delito de incendio forestal en un espacio natural protegido. Desde el consistorio recuerdan que este tipo de conductas puede acarrear penas de prisión, sanciones económicas y la obligación de asumir los costes de los daños y de la extinción del incendio.

Tras conocerse los premios infantiles —con la comisión de Espartero como ganadora del Primer Premio Infantil de la Sección Especial— y anunciarse también los ninots indultats (tanto el mayor como el infantil), toda la atención se centra ahora en el anuncio más esperado: qué falla obtendrá el Primer Premio de la Sección Especial de las Fallas de 2026.

Las comisiones falleras esperan con expectación el veredicto del jurado. Cada una ha presentado monumentos muy diferentes, pero todos comparten la esencia de las Fallas: la crítica, la sátira y la creatividad que caracterizan esta fiesta, declarada Fallas de València.

A lo largo del día, el jurado ha visitado los distintos monumentos para valorarlos y decidir cuáles serán las mejores fallas de cada sección. Para las comisiones, este momento es especialmente importante, ya que supone el reconocimiento al trabajo realizado durante todo el año.

El resultado se conocerá esta tarde, cuando la Junta Central Fallera anuncie oficialmente los premios de las fallas mayores. La lectura comenzará a partir de las 19:55 horas y se podrá seguir en directo en La 8 Mediterráneo.

Los hechos ocurrieron el 30 de octubre de 2025, cuando la víctima escuchó ruidos en la puerta de su vivienda y, al abrirla, recibió un fuerte empujón. Un hombre desconocido irrumpió en el recibidor, la agarró del brazo con fuerza e intentó llevársela por la fuerza mientras le gritaba “vente conmigo”. Fue entonces cuando el perro de la mujer atacó al agresor, mordiéndole en la pierna y frustrando el secuestro. La víctima, que sufrió lesiones leves, recibió asistencia sanitaria.

Las investigaciones, bajo la denominada Operación “Nidorino”, permitieron la identificación y detención de cuatro presuntos integrantes de una organización criminal. Las cámaras de seguridad del entorno y la rápida intervención de un policía local que acudió al escuchar los gritos de auxilio fueron claves para reconstruir los hechos y localizar el vehículo utilizado por los atacantes, que apareció posteriormente calcinado y sin matrícula.

Tras cruzar datos y pruebas, la Guardia Civil detuvo a tres jóvenes españoles, vecinos de Algemesí, por delitos que incluyen organización criminal, intento de secuestro y daños en vehículo, y a un cuarto implicado de nacionalidad ucraniana, que aún presentaba la marca de la mordedura en su pierna. Se sospecha que el rapto fue planeado por motivos económicos, al conocer los agresores el alto nivel de vida de la pareja de la víctima. Las diligencias están ahora bajo la jurisdicción judicial correspondiente en Sueca. 

La causa se centra en la gestión que hizo Oltra, cuando era consellera de Igualdad, de una denuncia por abusos sexuales a una menor tutelada perpetrados por su exmarido. Las acusaciones, entre ellas Vox y otras asociaciones, reprochan que la entonces consellera y su equipo no derivaran la información a la Fiscalía de Menores y que existiera un “informe paralelo” diferente al remitido al juzgado.

Este auto de la Audiencia obliga ahora al juzgado de instrucción a celebrar el juicio oral, aunque no prejuzga la culpabilidad de Oltra ni de los otros encausados. El proceso judicial sigue su curso, con la apertura formal de la fase de juicio.

La decisión judicial ha reabierto la polémica en el ámbito político. Dirigentes de Compromís, el partido de Oltra, han denunciado lo que consideran una “persecución judicial y política” y sostienen que “no hay caso” contra la exconsellera, respaldando su posición y alegando que la causa carece de indicios claros de criminalidad.

Asimismo, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha expresado públicamente su apoyo a Oltra y ha criticado el proceso, defendiendo su trayectoria política y rechazando lo que algunos sectores de la izquierda califican de “ataque injusto” contra la exvicepresidenta.

Piedrafita había adelantado previamente que otras mujeres se acercaban a su organización por conductas inapropiadas cometidas por miembros de la cúpula policial. Sin embargo, en esta ocasión se trataría de la segunda agente que apunta directamente al exDAO.

Fuentes internas aseguran que la conducta de González con mujeres del Cuerpo nunca pasó desapercibida, ni antes ni después de su nombramiento como DAO. Según responsables policiales, durante los siete años en que ocupó el cargo, determinadas actitudes inapropiadas se habrían intensificado, convirtiéndose en un “secreto a voces” entre compañeros y mandos.

Diversos testimonios describen comportamientos que se consideran indecorosos o bochornosos para un alto mando policial, y la frase “A Jota le costaba subirse la bragueta” se habría popularizado en distintos destinos como una forma de resumir su reputación interna.

La portavoz del sindicato Jupol afirmó este lunes que la cúpula policial y la junta de gobierno del Cuerpo Nacional de Policía “tienen que estar temblando por si hay más gente que pudiera hablar”. La sindicalista añadió que, justo antes de que estallara el caso, llegaban informes internos sobre las actitudes del exDAO que eran consideradas indecorosas y bochornosas.

Según la misma fuente, José Ángel González sigue siendo una figura con gran influencia dentro de la Policía Nacional debido a su historial de responsabilidad sobre la cúpula, lo que aumenta la presión y el escrutinio sobre los altos mandos del cuerpo.

La agente, que optó por presentar la denuncia directamente ante un juzgado por temor a represalias internas, ha sufrido además la difusión de su identidad en grupos de agentes, lo que ha desencadenado mensajes de apoyo y también de presión, según ha declarado su abogado. Las filtraciones y la falta de aplicación efectiva de los protocolos internos han sido duramente criticadas por sindicatos y compañeras policías, que señalan fallos en los mecanismos de protección dentro de la propia institución.

El caso ha traído consigo una fuerte polémica política. El Partido Popular (PP) ha exigido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska, acusando al Gobierno de haber tardado en actuar y de posibles encubrimientos.

Desde el Ministerio, Marlaska ha defendido la actuación del departamento y ha expresado que está dispuesto a dimitir si la propia víctima considera que no se ha sentido protegida, aunque su respuesta ha sido interpretada por algunos como insuficiente ante la gravedad de las acusaciones y la difusión de datos personales. Organizaciones dentro de la Policía han señalado que los protocolos actuales para tratar agresiones sexuales y violencia de género no están funcionando adecuadamente, especialmente cuando el presunto agresor ocupa un puesto con gran poder jerárquico, lo que desalienta a las víctimas a utilizar los canales internos de denuncia.

Además, el abogado de la agente ha lamentado que ni él ni su cliente hayan sido contactados directamente por el Ministerio tras conocerse el caso, y ha denunciado la presión mediática y social ejercida contra ella.