Según las primeras informaciones, los autores habrían accedido al local por métodos aún no confirmados, sorprendiendo en el interior a dos trabajadoras del servicio de limpieza. Los asaltantes las habrían reducido y atado para poder llevar a cabo el robo con mayor facilidad.

Tras el asalto, los responsables habrían abandonado el lugar rápidamente, llevándose dinero en efectivo cuya cantidad aún no ha sido determinada por la investigación.

Las víctimas, que no han sufrido heridas de gravedad, han logrado dar aviso a los servicios de emergencia una vez han conseguido liberarse, lo que ha activado un dispositivo policial en la zona.

Hasta el momento no se han producido detenciones y la investigación ha sido asumida por el grupo de Policía Judicial de la Guardia Civil, que trabaja en el análisis de cámaras de seguridad y posibles vías de escape utilizadas por los autores.

El suceso ha generado expectación en el municipio durante la mañana, mientras los agentes mantienen abiertas todas las hipótesis sobre la planificación del robo.

Según las investigaciones, el botín total —incluyendo tanto los objetos robados como los daños ocasionados— asciende a cerca de un millón de euros. La banda operaba de forma itinerante por distintos puntos del país, lo que complicó su seguimiento. Entre las zonas afectadas figura la provincia de Castellón, además de otras como Madrid, Tarragona, Toledo o Almería.

Los agentes lograron finalmente identificar a los integrantes del grupo y esclarecer el conjunto de los robos que se les atribuyen. La investigación ha revelado que no se trataba de acciones aisladas, sino de una estructura organizada con reparto de funciones. Los miembros del grupo realizaban labores de vigilancia previa, seleccionaban objetivos y ejecutaban los asaltos con rapidez. Posteriormente, la mercancía sustraída era vendida en el mercado ilegal para dificultar su recuperación.

El aviso del incendio se recibió sobre las 3:41 horas a través de la sala CISE, lo que movilizó a patrullas policiales, efectivos del Cuerpo Municipal de Bomberos y agentes de la Guardia Civil. Las llamas afectaron aproximadamente a 200 metros cuadrados de terreno antes de ser extinguidas.

Según el Ayuntamiento de València, una testigo observó cómo cinco jóvenes lanzaban un artefacto pirotécnico y abandonaban rápidamente la zona en un vehículo tras iniciarse el fuego en el matorral. Poco después, la Policía Local localizó un turismo cuyas características coincidían con las descritas y lo interceptó en las proximidades.

En el interior del vehículo viajaban cinco jóvenes. Los agentes detectaron restos de arena tanto en el coche como en parte de su ropa. Posteriormente, uno de los identificados reconoció haber lanzado la bengala, aunque aseguró que no tenía intención de provocar el incendio.

Los jóvenes fueron trasladados al cuartel de la Guardia Civil de Alfafar, donde uno de ellos quedó investigado como presunto autor de un delito de incendio forestal en un espacio natural protegido. Desde el consistorio recuerdan que este tipo de conductas puede acarrear penas de prisión, sanciones económicas y la obligación de asumir los costes de los daños y de la extinción del incendio.

Tras conocerse los premios infantiles —con la comisión de Espartero como ganadora del Primer Premio Infantil de la Sección Especial— y anunciarse también los ninots indultats (tanto el mayor como el infantil), toda la atención se centra ahora en el anuncio más esperado: qué falla obtendrá el Primer Premio de la Sección Especial de las Fallas de 2026.

Las comisiones falleras esperan con expectación el veredicto del jurado. Cada una ha presentado monumentos muy diferentes, pero todos comparten la esencia de las Fallas: la crítica, la sátira y la creatividad que caracterizan esta fiesta, declarada Fallas de València.

A lo largo del día, el jurado ha visitado los distintos monumentos para valorarlos y decidir cuáles serán las mejores fallas de cada sección. Para las comisiones, este momento es especialmente importante, ya que supone el reconocimiento al trabajo realizado durante todo el año.

El resultado se conocerá esta tarde, cuando la Junta Central Fallera anuncie oficialmente los premios de las fallas mayores. La lectura comenzará a partir de las 19:55 horas y se podrá seguir en directo en La 8 Mediterráneo.

Los hechos ocurrieron el 30 de octubre de 2025, cuando la víctima escuchó ruidos en la puerta de su vivienda y, al abrirla, recibió un fuerte empujón. Un hombre desconocido irrumpió en el recibidor, la agarró del brazo con fuerza e intentó llevársela por la fuerza mientras le gritaba “vente conmigo”. Fue entonces cuando el perro de la mujer atacó al agresor, mordiéndole en la pierna y frustrando el secuestro. La víctima, que sufrió lesiones leves, recibió asistencia sanitaria.

Las investigaciones, bajo la denominada Operación “Nidorino”, permitieron la identificación y detención de cuatro presuntos integrantes de una organización criminal. Las cámaras de seguridad del entorno y la rápida intervención de un policía local que acudió al escuchar los gritos de auxilio fueron claves para reconstruir los hechos y localizar el vehículo utilizado por los atacantes, que apareció posteriormente calcinado y sin matrícula.

Tras cruzar datos y pruebas, la Guardia Civil detuvo a tres jóvenes españoles, vecinos de Algemesí, por delitos que incluyen organización criminal, intento de secuestro y daños en vehículo, y a un cuarto implicado de nacionalidad ucraniana, que aún presentaba la marca de la mordedura en su pierna. Se sospecha que el rapto fue planeado por motivos económicos, al conocer los agresores el alto nivel de vida de la pareja de la víctima. Las diligencias están ahora bajo la jurisdicción judicial correspondiente en Sueca. 

La causa se centra en la gestión que hizo Oltra, cuando era consellera de Igualdad, de una denuncia por abusos sexuales a una menor tutelada perpetrados por su exmarido. Las acusaciones, entre ellas Vox y otras asociaciones, reprochan que la entonces consellera y su equipo no derivaran la información a la Fiscalía de Menores y que existiera un “informe paralelo” diferente al remitido al juzgado.

Este auto de la Audiencia obliga ahora al juzgado de instrucción a celebrar el juicio oral, aunque no prejuzga la culpabilidad de Oltra ni de los otros encausados. El proceso judicial sigue su curso, con la apertura formal de la fase de juicio.

La decisión judicial ha reabierto la polémica en el ámbito político. Dirigentes de Compromís, el partido de Oltra, han denunciado lo que consideran una “persecución judicial y política” y sostienen que “no hay caso” contra la exconsellera, respaldando su posición y alegando que la causa carece de indicios claros de criminalidad.

Asimismo, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha expresado públicamente su apoyo a Oltra y ha criticado el proceso, defendiendo su trayectoria política y rechazando lo que algunos sectores de la izquierda califican de “ataque injusto” contra la exvicepresidenta.

Piedrafita había adelantado previamente que otras mujeres se acercaban a su organización por conductas inapropiadas cometidas por miembros de la cúpula policial. Sin embargo, en esta ocasión se trataría de la segunda agente que apunta directamente al exDAO.

Fuentes internas aseguran que la conducta de González con mujeres del Cuerpo nunca pasó desapercibida, ni antes ni después de su nombramiento como DAO. Según responsables policiales, durante los siete años en que ocupó el cargo, determinadas actitudes inapropiadas se habrían intensificado, convirtiéndose en un “secreto a voces” entre compañeros y mandos.

Diversos testimonios describen comportamientos que se consideran indecorosos o bochornosos para un alto mando policial, y la frase “A Jota le costaba subirse la bragueta” se habría popularizado en distintos destinos como una forma de resumir su reputación interna.

La portavoz del sindicato Jupol afirmó este lunes que la cúpula policial y la junta de gobierno del Cuerpo Nacional de Policía “tienen que estar temblando por si hay más gente que pudiera hablar”. La sindicalista añadió que, justo antes de que estallara el caso, llegaban informes internos sobre las actitudes del exDAO que eran consideradas indecorosas y bochornosas.

Según la misma fuente, José Ángel González sigue siendo una figura con gran influencia dentro de la Policía Nacional debido a su historial de responsabilidad sobre la cúpula, lo que aumenta la presión y el escrutinio sobre los altos mandos del cuerpo.

La agente, que optó por presentar la denuncia directamente ante un juzgado por temor a represalias internas, ha sufrido además la difusión de su identidad en grupos de agentes, lo que ha desencadenado mensajes de apoyo y también de presión, según ha declarado su abogado. Las filtraciones y la falta de aplicación efectiva de los protocolos internos han sido duramente criticadas por sindicatos y compañeras policías, que señalan fallos en los mecanismos de protección dentro de la propia institución.

El caso ha traído consigo una fuerte polémica política. El Partido Popular (PP) ha exigido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska, acusando al Gobierno de haber tardado en actuar y de posibles encubrimientos.

Desde el Ministerio, Marlaska ha defendido la actuación del departamento y ha expresado que está dispuesto a dimitir si la propia víctima considera que no se ha sentido protegida, aunque su respuesta ha sido interpretada por algunos como insuficiente ante la gravedad de las acusaciones y la difusión de datos personales. Organizaciones dentro de la Policía han señalado que los protocolos actuales para tratar agresiones sexuales y violencia de género no están funcionando adecuadamente, especialmente cuando el presunto agresor ocupa un puesto con gran poder jerárquico, lo que desalienta a las víctimas a utilizar los canales internos de denuncia.

Además, el abogado de la agente ha lamentado que ni él ni su cliente hayan sido contactados directamente por el Ministerio tras conocerse el caso, y ha denunciado la presión mediática y social ejercida contra ella.

La crisis política continúa escalando. Durante la última sesión de control al Gobierno en el Congreso, el PP volvió a exigir la dimisión de Marlaska, mientras se debatía si el Ejecutivo actuó con la firmeza mínima que exige una presunta agresión sexual dentro de la Policía.

El malestar social no se limita a la oposición: cada vez son más los sectores que señalan la contradicción entre la retórica feminista del Gobierno y su incapacidad para proteger de forma real a las víctimas. La actuación percibida como lenta o insuficiente ha avivado un debate público intenso sobre la coherencia de las políticas de género en España.

El PP insiste: si Marlaska no conocía la denuncia, eso revela una incompetencia institucional inaceptable; si lo sabía, constituye encubrimiento. En cualquiera de los casos, el mensaje es claro: cuando se trata de proteger a las víctimas, el Gobierno no está cumpliendo con lo que predica.

La denuncia fue interpuesta por una agente del Cuerpo Nacional de Policía que trabajaba bajo su mando y que, según su relato, fue presionada para acudir a la vivienda oficial del DAO con motivo de una reunión laboral. Una vez allí, la querellante asegura que González inició “acercamientos físicos de naturaleza sexual”, pese a sus **negativas expresas y reiteradas”. El auto judicial, firmado por el juzgado especializado en violencia sobre la mujer número 8 de Madrid, subraya que los hechos presentan indicios de delitos de agresión sexual, y ha citado tanto al acusado como a la denunciante para declarar el próximo 17 de marzo.

Tras los hechos denunciados, la querellante también relata una campaña de hostigamiento y coacciones, consistente en numerosos intentos de comunicación por parte de González, quien llegó a realizar 17 llamadas telefónicas el mismo día de la presunta agresión. Según la denuncia, en uno de esos contactos el mando policial le habría llegado a decir “Oye, que soy el DAO”, frase que la querella interpreta como un uso abusivo de su superioridad jerárquica para intimidar a su subordinada.

La querella no se limita a la agresión sexual, sino que también incluye acoso, coacciones, lesiones psíquicas y posibles irregularidades en el uso de recursos del cuerpo policial, tales como la utilización de un vehículo oficial para trasladar a la agente.

Ayer, en una entrevista con Aquí La 8, el padre de Vera volvió a reclamar respuestas y responsabilidades, denunciando que existen múltiples irregularidades en la instalación y supervisión municipal. “Nos da igual de qué partido sean. Hay irregularidades y no se han pedido todas las responsabilidades”, afirmó durante la conversación. Además, criticó el comportamiento del alcalde de Mislata de quien dice que "cuando nos ve, agacha la cabeza". 

La investigación judicial sigue abierta y varias personas continúan bajo investigación, incluido un técnico municipal que autorizó la instalación de la atracción sin comprobar físicamente la seguridad de la misma. Informes periciales destacan fallos en los anclajes, modificaciones no previstas y falta de supervisión por parte de las autoridades municipales, que podrían haber evitado esta tragedia.

El padre de Vera insiste en que la lentitud de la investigación y la falta de avances impiden que se haga justicia, y reclama que se depuren todas las responsabilidades para evitar que algo similar vuelva a suceder.

En lugar de asumir responsabilidades claras, Sánchez defendió que la vía afectada cumplía protocolos de seguridad y calificó las críticas de la oposición como “miedo” y “desinformación”. Una defensa más propia de un portavoz que de un jefe de Ejecutivo ante una tragedia que ha sacudido al país.

 Mientras la oposición —incluido Feijóo— le exige dimisiones y acusa al Gobierno de negligencia evitable, Sánchez evita asumir errores directos y se escuda en cifras, tecnicismos y futuras investigaciones. Muchos se preguntan si no debería haber venido antes, con más humildad y menos discursos vacíos.

En la Comunitat Valenciana, muchos viajeros han visto cancelaciones y modificaciones en sus trenes de Cercanías y media distancia, lo que obliga a replantear rutas o recurrir a transporte alternativo. Además, el sector comercial y turístico advierte de efectos negativos en la actividad diaria, especialmente al tratarse de una región con alta dependencia de la movilidad ferroviaria durante la semana laboral.

Crítica al Ministerio
Organizaciones sindicales y representantes de usuarios cargan contra el Ministerio de Transportes por su gestión. En lugar de liderar una negociación que atendiera las demandas de seguridad y mantenimiento antes de que la crisis estallara, el departamento ha permanecido en un papel reactivo, limitándose a fijar servicios mínimos y convocar reuniones puntuales sin propuestas claras de mejora.

 Tras otra reunión de los sindicatos con el ministerio de Transportes, ambas partes han llegado a un acuerdo. Se ha pactado aumentar la inversión en la infraestructura y en la seguridad de trabajadores y pasajeros, así como incorporar más profesionales. Según los sindicatos se ha planteado elevar en un 50% el presupuesto en mantenimiento ferroviario. 

La borrasca Leonardo continúa su paso por España provocando fuertes fenómenos meteorológicos y, en la Comunitat Valenciana, las rachas de viento han sido protagonistas este jueves y viernes. El temporal ha generado rachas que han superado incluso los 130 km/h en zonas de la provincia de Valencia, especialmente en Buñol, donde se registraron hasta 136 km/h, obligando a la intervención de bomberos ante numerosos incidentes relacionados con el viento.

Ante esta situación, la Generalitat ha elevado la alerta por viento a nivel naranja, advirtiendo de la persistencia de las rachas fuertes a lo largo del litoral y el interior de la provincia. Se ha recomendado precaución y evitar actividades al aire libre en zonas expuestas. En la ciudad de Valencia, los fuertes vientos han causado incidentes relevantes, como la caída de mobiliario urbano, contenedores y, en algunos casos, heridos leves por la caída de elementos como farolas o rótulos en el centro de la capital.

Este episodio viene acompañado de múltiples servicios movilizados por los equipos de emergencia en toda la provincia, que han atendido cientos de intervenciones relacionadas con daños materiales y riesgos provocados por las rachas. Las previsiones meteorológicas indican que, aunque Leonardo empezará a debilitarse en los próximos días, otro frente activo asociado a la borrasca Marta podría llegar este fin de semana, manteniendo condiciones inestables y viento fuerte en la Comunitat Valenciana y gran parte del país.

? Recuerda seguir las recomendaciones de seguridad de las autoridades y mantenerse informado de los avisos oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El caso ha adquirido un giro preocupante tras descubrirse que la anciana presentaba en su organismo restos de metanol, una sustancia química que puede resultar letal para una persona de su edad y con sus dolencias, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Por el momento, ninguno de los detenidos ha sido imputado directamente por tentativa de homicidio, aunque el juez mantiene abierta la investigación.

El magistrado recibió este miércoles, durante su servicio de guardia, a los cinco detenidos y, a petición de la Fiscalía, acordó su libertad provisional. Para cuatro de ellos —los dos abogados, la cuidadora y otro particular— se adoptaron medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias judiciales cada quince días. En el caso del notario, el juez consideró que los indicios de participación eran menores y no le aplicó medidas cautelares.

La investigación comenzó en junio de 2025 a raíz de la denuncia de la familia de la víctima, quienes alertaron que cada vez les resultaba más difícil contactar con ella o mantener encuentros presenciales. Ante la creciente preocupación, los familiares consultaron la situación patrimonial de la anciana en el Registro de la Propiedad y comprobaron que todos sus bienes inmuebles habían sido enajenados a un precio muy inferior al real.

Según la Policía, las operaciones fueron realizadas con el asesoramiento y la intervención de los dos abogados, quienes actuaban para el comprador y dejaron desprotegida a la octogenaria. Todas las ventas se realizaron ante el mismo notario, incluido el piso donde residía la mujer. En este último caso, la transmisión se hizo en régimen de nuda propiedad y se establecieron condiciones gravosas que ponían en riesgo la permanencia del usufructo de la anciana.

La cuidadora, que había sido incluida en el testamento y ejercía gran influencia sobre la víctima, se encargaba de extraer dinero de su cuenta, mientras que el notario se personó junto al comprador para realizar gestiones encaminadas a suprimir el usufructo, entrevistando vecinos y comprobando que supuestamente la mujer no residía allí, cuando sí era su vivienda habitual.

Durante las pesquisas, la Policía corroboró la participación activa de todos los implicados en las operaciones, realizadas en poco más de un año. Los delitos que se les imputan incluyen prevaricación, falsedad en documento público, estafa, delitos contra los derechos de los trabajadores y deslealtad profesional, respectivamente. Uno de los investigados contaba con antecedentes policiales.

El caso continúa bajo investigación, especialmente respecto al posible delito de tentativa de homicidio, mientras la Fiscalía y el Juzgado analizan los detalles de cómo se pudo perpetrar el expolio de manera sistemática aprovechando la vulnerabilidad de la víctima.

Según su testimonio ante la comisión de investigación del caso Koldo, su salida se produjo “por una sola razón: mi familia”, no por una reacción interna del partido ni por exigencia alguna de responsabilidades. El PSOE, sostuvo, no abrió ninguna investigación ni le reclamó aclaraciones en aquel momento.

Salazar, que fue director de Análisis y Estudios del Gabinete de la Presidencia, admitió haber recibido reembolsos en efectivo por desplazamientos y gastos de representación, asegurando que eran “siempre contra factura” y negando cualquier vínculo con financiación irregular. Sin embargo, esta práctica ya había sido señalada ante el Tribunal Supremo por una trabajadora de la antigua Secretaría de Organización del partido, que mencionó su nombre junto al de otros dirigentes en relación con pagos en sobres.

El exasesor formó parte del núcleo duro que acompañó a Pedro Sánchez en las primarias de 2017, y tuvo un papel activo en aquella campaña. Pese a ello, este jueves intentó minimizar su implicación en la asociación Bancal de Rosas, creada para canalizar la financiación del proceso interno. Afirmó no haber tenido responsabilidades, ni acceso al detalle de las donaciones, ni capacidad para confirmar si hubo aportaciones de personas jurídicas.

Una versión que contrasta con el relato del propio Pedro Sánchez en Manual de resistencia, donde se señala expresamente que Santos Cerdán y Paco Salazar fueron los encargados de informar al partido sobre el funcionamiento de esa fórmula de financiación.

García ha señalado que la comparecencia del presidente no es opcional y ha recordado que el Senado tiene funciones de control al Gobierno. En este sentido, ha acusado a Sánchez de eludir sus responsabilidades políticas y ha denunciado lo que considera un desprecio institucional hacia la Cámara y hacia las víctimas.

El Pleno fue convocado para analizar las causas de los siniestros ferroviarios y depurar posibles responsabilidades. Aunque el ministro de Transportes, Óscar Puente, sí compareció, la ausencia del presidente del Gobierno centró buena parte del debate parlamentario.

Desde la Presidencia del Senado se ha advertido de que la no comparecencia del jefe del Ejecutivo podría tener consecuencias jurídicas, al tratarse de una citación formal. Hasta el momento, el Gobierno no ha ofrecido una explicación pública sobre la ausencia de Sánchez ni ha anunciado una fecha para su comparecencia.

La Guardia Civil ha detenido a cuatro mujeres y tres hombres e investiga a otros dos hombres por su presunta participación en una organización criminal dedicada a los vuelcos de droga y secuestros exprés entre Villena y Caudete. Los detenidos cuentan con numerosos antecedentes por delitos cometidos en distintas partes del territorio nacional.

Inicio de la investigación

Los hechos se remontan a diciembre de 2024, cuando un camión articulado fue localizado en el arcén de la autovía A‑31, en el término municipal de Villena, con restos de sangre, cristales rotos y proyectiles de arma de fuego. Poco después, el conductor fue ingresado en el Hospital General de Almansa con heridas graves de bala.

Durante la inspección del vehículo, la Guardia Civil halló un dispositivo de seguimiento instalado en la cabina, presuntamente utilizado por los delincuentes para localizar y robar la droga que transportaba.

Vuelcos y persecuciones

La investigación reveló que el camionero había sido perseguido por dos vehículos de alta gama desde Jumilla hasta Caudete, donde varios individuos realizaron disparos contra la víctima e intentaron forzar al conductor a continuar la marcha. Ante la gravedad de las heridas, los delincuentes abandonaron el camión en la carretera y huyeron.

Posteriormente, se identificaron los vehículos empleados por la organización, incluyendo uno localizado en Valmojado (Toledo), sustraído días antes de un concesionario en Madrid. Los miembros de la banda vestían chalecos que simulaban ser policiales y pasamontañas, con los que buscaban aparentar autoridad y facilitar sus acciones delictivas. Los investigadores determinaron que se trataba de una estructura criminal profesional, cuyos miembros cambiaban frecuentemente de domicilio y adoptaban estrictas medidas de seguridad para dificultar la labor policial. La banda operaba principalmente en Madrid y alrededores, utilizando vehículos de alta gama y aplicando una extrema violencia durante los robos y secuestros exprés.

La Guardia Civil realizó seis registros simultáneos en cinco domicilios y una nave situados en Toledo y Madrid. Como resultado, se incautaron:

Varias armas de fuego, incluyendo un revólver listo para usar y munición de diversos calibres.

Tres vehículos, balizas GPS, teléfonos móviles, llaves maestras, ganzúas y una escopeta de caza sustraída en un “vuelco” anterior.

155 gramos de hachís y una plantación indoor de 226 plantas de cannabis sativa, desmantelada por completo.

Coordinación policial

La operación fue dirigida por los Equipos Territoriales de Policía Judicial de Almansa y Villena, con apoyo de la Unidad Especial de Intervención (UEI), los GRS de Madrid, Valencia, Pontevedra y Barcelona, así como la colaboración de la Policía Local de Casarrubios del Monte y la Comisaría de Policía Nacional de Carabanchel-Madrid.

Las diligencias han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Nº1 de Almansa, que ha decretado libertad con cargos para los investigados.

Según fuentes de la investigación, el detenido ofreció la misma versión de los hechos que su hijo, quien se encontraba en el domicilio en el momento del suceso. Ambos señalan al padre como autor material del homicidio, aunque los agentes no descartan ninguna hipótesis y mantienen abierta la posibilidad de que el hombre pudiera estar encubriendo a su hijo.

El cuerpo del menor fue localizado en la vivienda que indicó el propio detenido, con golpes y heridas de arma blanca. En el interior del domicilio también se hallaron un cuchillo y un bate de béisbol, que están siendo analizados por el grupo de Homicidios de la Guardia Civil.

El presunto agresor se presentó en dependencias policiales sobre las 18:30 horas del sábado y aseguró haber sufrido un “ataque de locura”, sin aportar más detalles sobre lo ocurrido. Por el momento, no ha pasado a disposición judicial, a la espera de que concluya la autopsia del menor, prevista para las próximas horas. El Ayuntamiento de Sueca ha decretado dos días de duelo oficial, durante los cuales las banderas del consistorio ondean a media asta, y ha trasladado su pésame a los familiares y allegados de la víctima.

Por su parte, la Generalitat Valenciana ha activado el protocolo de acompañamiento emocional a través de la Conselleria de Educación. La Unidad Especializada de Orientación (UEO) de Convivencia está prestando apoyo al centro educativo donde estudiaba el menor, con el objetivo de atender al alumnado, profesorado y comunidad educativa ante una situación de especial impacto emocional. También se han habilitado espacios de despedida y se han remitido orientaciones a las familias para ayudar a los menores a afrontar lo sucedido.

La investigación continúa abierta mientras se esclarecen las circunstancias exactas del crimen.

Entre los desaparecidos figuran dos mujeres de la Comunidad Valenciana, una de ellas natural de Valencia, de 85 años, y otra vecina de Villena (Alicante), de alrededor de 30 años, ambas viajaban a bordo del tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Huelva.

Familiares de la joven alicantina han viajado hasta Córdoba para colaborar con las autoridades, facilitando muestras de ADN para facilitar su identificación entre los restos aún inaccesibles debido a la complejidad del siniestro.

? Situación general del siniestro:
• El accidente ocurrió cuando un tren de alta velocidad Iryo descarriló y fue embestido por un tren Alvia que circulaba en sentido contrario.
• Las labores de rescate se han visto complicadas por el difícil acceso al lugar y la magnitud del daño en los vagones.